La senadora Celeste Amarilla (PLRA) confirmó que hace un año advirtió al presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, sobre el supuesto esquema de apriete de Zenaida Delgado (ANR) y que presuntamente la bancada oficialista decidió “encubrir” a la legisladoraCeleste Amarilla reafirmó que tiempo atrás denunció ante los líderes del Senado el supuesto esquema de cobro de peajes a funcionarios que salpica a la senadora Zenaida Delgado (ANR) y que la información no fue tenida en cuenta por el sector oficialista.

En el mismo sentido ya se había referido la senadora Yolanda Paredes revelando que alertó de los supuestos cobros indebidos hace un año.

“Nosotros, sí, denunciamos en Mesa Directiva, Esperanza (Martínez) y yo, pero ellos (senadores oficialistas) encubrieron. Nosotros no teníamos por qué irnos precisamente a la Fiscalía. El presidente del Senado es el que tiene la representación, que él no quiera eludir eso, la cubrieron”, expresó en comunicación con Radio Monumental 1080 AMAmarilla reveló que se realizó una sesión reservada de la comisión “fuera de micrófono” y en esa reunión solicitaron la salida de Delgado. “Nosotros pedimos que se le quite en momento. Pero le protegieron. Eso es lo que pasó”, recalcó.Celeste criticó, además, el desempeño de su colega como legisladora poniendo en duda su capacidad. En su opinión, el rol de Zenaida en la Cámara Alta se reduce a obedecer órdenes y votar conforme le indican.

“Su brazo que levanta cada tanto cuando le ordenan. Eso es lo que tiene, el voto barato porque encima están todos podridos”, disparó.

Aseguró que los legisladores “están podridos” de Delgado, que supuestamente, se pasa “pidiéndole dinero a todos”.

Zenaida Delgado, ex Cruzada Nacional, es involucrada en un sistema de cobros irregulares e intimidación que opera desde el Senado bajo su propia dirección, según denuncias de tres funcionarias.

Ellas relatan un sistema de cobro de peajes mensuales por contratos y exigencias de hasta G. 100 millones para acceder a nombramientos en la Cámara Alta.

El esquema afectaría a entre 15 y 20 funcionarios del Congreso Nacional, y el destino de quienes no cumplen con las cuotas o hacen pagos parciales por sus nombramientos o incluso se niegan a endeudarse es la desvinculación