El comisario Diego Delgadillo, de la comisaría de Mayor Otaño, defendió la actuación del policía acusado de agredir ayer a un estudiante que protestaba junto con otras personas frente a la Municipalidad de esa ciudad, ubicada en Itapúa. Alegó que existe un amparo judicial que limita las manifestaciones frente al edificio de la Comuna y añadió que el trasfondo de la cuestión es político.

El dirigente estudiantil de Mayor Otaño Nelson Maciel (17) denunció ayer que fue agredido físicamente por un policía cuando protestaba junto con otras personas frente a la sede a la Comuna por el presunto despilfarro de dinero de Fonacide por parte del intendente de esa localidad, Pedro Chávez (ANR, cartista).

A raíz de esta situación, el comisario Diego Delgadillo, de Mayor Otaño, conversó este viernes con radio ABC Cardinal y dijo que existe un amparo judicial que restringe las manifestaciones frente a la sede de la Comuna. “Existe un amparo judicial firmado por el juez Hugo Alberto Centurión para que los manifestantes no se acerquen a la entrada de la Municipalidad en un radio de 7 metros», expresó el jefe policial.

Delgadillo relató que el estudiante Maciel fue con un martillo para intentar abrir el portón de acceso a la sede de la Comuna cerca de las 14:00. En ese momento se produjo un forcejeo —según dijo el comisario— con uno de los policías asignados a la custodia del perímetro del edificio, identificado como el subjefe local Rodolfo Alonso.

“(Alonso) le dijo que no (podía entrar a la sede de la Comuna) y después ya fue avasallado por dos señores que siempre están custodiándole al muchacho este y prácticamente fue linchado mi subjefe de la comisaría. No sabría explicarte en qué momento este muchacho sufrió cortes en la cabeza”, detalló el comisario Delgadillo.

“Hay filmaciones que muestran la actuación de Nelson Maciel y de mi subjefe (…) Tampoco digo que somos perfectos, pero nosotros fuimos amparados por la resolución judicial. El oficial Alfonso actuó para hacerla cumplir”, insistió.

Posteriormente, el jefe policial contó que en medio de las manifestaciones por denuncias de supuestos despilfarro de dinero en Otaño están implicados varios actores políticos y que los reclamos se tornaron una disputa en ese aspecto. “Solo estuvieron personas de un color y de otro color, enfrentándose no para esclarecer el tema de la Municipalidad. Luego, se tornó algo personal”, dijo.

Delgadillo mencionó específicamente a una exintendenta de la localidad, Lourdes de Lovera, una afiliada liberal que ahora es concejala. “De ahí viene la mano en contra de nosotros, en contra de nosotros, inclusive de mi persona. Nosotros no tenemos nada que ver”, indicó en relación a la Policía.

La asesora jurídica de la intendencia, María Cristina Morínigo, señaló ayer que la denuncia de los estudiantes que señala que ellos manejaron G. 3.000 millones no es correcta y que en realidad el monto es de G. 1.287 millones correspondiente a Fonacide. También apuntó que en una auditoría anterior todas las observaciones que hizo la Contraloría eran de carácter administrativo y no se encontró faltante de dinero.

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