Comunidad indígena advierte con cierre de la ruta PY12 ante demora estatal para adquirir tierras

La comunidad indígena Tooshe Qaltaq, perteneciente al pueblo Qom y asentada desde hace más de cuatro décadas en la franja de dominio del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a la altura del kilómetro 122 de la ruta PY12, expresó su creciente preocupación por la falta de respuestas concretas del Estado respecto a la adquisición de tierras para su reubicación.Los pobladores advirtieron que podrían iniciar movilizaciones e incluso cerrar la ruta si las autoridades continúan postergando una solución definitiva a su situación.
La amenaza surge debido a que el tramo donde se encuentra la comunidad forma parte de las obras de pavimentación asfáltica financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).Según los líderes comunitarios, las familias viven en condiciones extremadamente precarias, sin acceso adecuado a servicios básicos y con limitadas oportunidades para desarrollar una vida digna.La construcción de la carretera incrementa la urgencia de encontrar un lugar seguro y permanente donde puedan establecerse.

Tras una reciente reunión mantenida con representantes del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), el líder Eustaquio Ávalos reiteró el reclamo histórico de la comunidad y exigió que el compromiso de compra de tierras se traduzca en acciones concretas.

“Ya no queremos que nos mientan”, manifestó Ávalos al referirse a las numerosas promesas realizadas a lo largo de los años sin resultados efectivos para las familias indígenas.
El conflicto refleja una problemática recurrente en el Chaco paraguayo, donde varias comunidades indígenas continúan esperando la regularización de sus territorios y el acceso a condiciones básicas de desarrollo.
Mientras avanzan las obras viales consideradas estratégicas para la región, los habitantes de Tooshe Qaltaq sostienen que el progreso no puede darse a costa de los derechos de quienes han vivido históricamente en el lugar.
De no existir avances en las próximas semanas, los dirigentes comunitarios aseguran que evaluarán medidas de fuerza para visibilizar su situación y presionar por una respuesta definitiva de las instituciones responsables.





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