Un tribunal de sentencia condenó ayer a Rafael Esquivel, alias “Mbururu”, a la pena carcelaria de 10 años en el marco de una causa abierta en su contra y otros 18 acusados por graves hechos punibles. Resultaron víctimas, integrantes de la familia Torrás Maldonado, residentes en la colonia Tape Yke, distrito de Itakyry. Las penas varían de entre dos a 12 años, conforme resolvió el colegiado por unanimidad.

Los jueces Herminio Montiel, Zunilda Martínez y Marino Méndez dieron punto final ayer al prolongado debate iniciado en setiembre del presente año y ocupado las últimas semanas del tribunal de sentencia. Diego Goncalvez Díaz fue sentenciado a 12 años de cárcel, su hermana Lorena, a seis años; en tanto, los hermanos Héctor Jonás y Armando Moisés Gauto a seis años y seis meses de prisión.

Los hermanos Lorenzo y Fabio Waldemar Díaz Martínez, condenados a 8 y 5 años, respectivamente, mientras que Juan Ignacio Gauto Tapari , sentenciado a 6 años; Milciades Benítez Benítez, ayudó a la quema de un tractor, por ello está sentenciado a tres años de cárcel.

La lista de condenados sigue con: Edilson Esquivel Benítez, Rogelio Martínez Gauto, Milciades Rojas Medina, Lidio Rojas Soria y Eduvigis Benítez Vargas, todos con condena de dos años, pero con suspensión de su ejecución. Jorge Ramón Jara Franco, Rubén Julio Paniagua y Cristóbal Gauto Tapari fueron absueltos por el tribunal.

LOS HECHOS JUZGADOS

Mbururu y los demás 17 acusados atacaron el establecimiento rural de la familia Torrás en la colonia Tape Yke del distrito de Itakyry el 20 de agosto del año pasado, utilizando extrema violencia. Según la investigación, se apoderaron de numerosas pertenencias, que el fiscal Edgar Benítez se encargó de enumerar ante el tribunal de sentencia, señalando al acusado Rafael Esquivel como instigador de los atropellos sufridos por Pedro Rufino Torrás Maldonado y su familia.

Mbururu y su gavilla fueron juzgados por tipificaciones penales de homicidio doloso en grado de tentativa, lesión grave, coacción grave, toma de rehenes, tentativa de coacción sexual y violación, robo agravado, producción de riesgos comunes, amenaza de hechos punibles y asociación criminal, según la acusación del Ministerio Público.

Los indígenas de la comunidad Ka’a Poty, ya anteriormente habían invadido la propiedad de la familia Torrás y de otros vecinos en la misma colonia, afectando solamente a pequeños productores paraguayos y los brasileños que alquilan o son propietarios de grandes fincas aledañas nunca fueron molestados por los nativos.