Los ministros de la Sala Constitucional, Antonio Fretes, Miryam Peña y Gladys Bareiro de Módica, admitieron la acción que presentó Bogado contra la resolución de una Cámara de Apelaciones, que confirmó en el caso al juez Óscar Delgado.

El parlamentario refirió que la ratificación de Delgado en su proceso, afecta derechos y garantías constitucionales y que por ello la acción debe ser admitida.

Sin embargo, según fuentes judiciales, el auto interlocutorio por el cual se confirma a un magistrado en una causa, de ninguna manera puede afectar disposiciones establecidas en la Carta Magna y que la decisión de la Corte, es solo una muestra del sometimiento de los ministros al poder político.

En los últimos tiempos, la máxima instancia judicial está más politizada que nunca. Sus miembros no solo se prestan a los intereses del los colorados oficialistas, sino también de los disidentes y opositores. La prueba de ello son los procesos a los legisladores y políticos que están cajoneados en la máxima instancia judicial.

Sin embargo, el presidente Cartes es el que tiene más fuerza en la Corte, en donde contaría con su presidente, Luis María Benítez Riera, Peña, Fretes, Alicia Pucheta y Raúl Torres Kirmser.

Por otro lado, están los liberales, Óscar Bajac, Sindulfo Blanco y Bareiro.

El otro integrante es el ministro colorado César Garay, que junto a Blanco y Bajac, estuvo muy “condicionado” por el juicio político que quedó trabado en la Cámara de Senadores.

Víctor Bogado, en uno de los parlamentarios más favorecidos por el Poder Judicial. El 4 de junio de 2014, el Ministerio Público lo acusó y pidió juicio oral por el caso de Gabriela Quintana, la niñera de sus hijas.

Empero, hace tres años y no se puede hacer la audiencia preliminar en la que se tiene que resolver si Bogado afronta o no un juicio oral por estafa y cobro indebido de honorarios.

Bogado, cuando era titular de Diputados, consiguió que Quintana sea contratada en Itaipú, pese a que ya estaba nombrada en la Cámara Baja. Luego obtuvo el comisionamiento de la mujer, que de esta manera cobró indebidamente G. 71 millones. El legislador sabía esta situación, según Fiscalía.

Supuesto testaferro es indagado por fiscalía

Miguel Ángel Carballo, quien sería prestanombre del senador colorado Víctor Bogado, es investigado por la fiscala Josefina Aghemo por presunto enriquecimiento ilícito.

Carballo, más conocido como el “mecánico de oro”, tiene valiosos inmuebles a su nombre, cuyas compras no podría justificar con el salario de funcionario público. Además, existe un expediente judicial en donde el presunto testaferro reclama a la diputada Cynthia Tarragó, el pago de un préstamo de US$ 300.000. Ahora Carballo, tiene que decir a la fiscalía de donde sacó ese dinero.

Carballo no podría justificar cómo es dueño de una empresa (Rocket SA) con capital social de G. 5.000.000.000, un pequeño shopping (Paseo Vía Bella) adquirido en papeles por G. 1.900 millones (pero que en realidad habría costado US$ 3 millones), y tampoco la propiedad de un lujoso departamento en el Yacht y Golf Club Paraguayo que costó G. 450.000.000.

El funcionario ya tiene un proceso penal por cobro indebido de honorarios.

Comparte esto
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter