Un juzgado penal de Garantías decretó la prisión preventiva del funcionario del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) imputado por supuestamente matar a tiros al perro de su vecina. El funcionario público está procesado por supuesta crueldad animal y violación a la ley de armas

El funcionario público Andrés Ramón Cardozo Aguilar, de 46 años, deberá cumplir prisión preventiva en el Centro Nacional de Prevenidos, de acuerdo con la resolución dictada hoy por la jueza penal de Garantías Lici Teresita Sánchez. La medida restrictiva de libertad se dictó en un proceso por supuesta crueldad animal y violación a la ley de armas.

Cardozo está sindicado de haber disparado con un rifle al perro de su vecina Luz María Alcaraz, que murió como consecuencia de la lesión sufrida. El hecho se registró el pasado 30 de agosto, cerca de las 17:00, en el barrio Virgen de Luján de Asunción.

La imputación presentada por la fiscala Laura Finestra -quien pidió prisión preventiva para Cardozo- revela que la violenta muerte del can Terry fue el trágico desenlace de un conflicto entre vecinos por un inmueble.

Imputación por crueldad animal revela conflicto previo a la muerte del perro

El conflicto se desató cuando Cardozo Aguilar reclamó a su vecina, Luz María Alcaraz, por una porción de terreno. La discusión escaló rápidamente de tono cuando Cardozo Aguilar sacó un rifle.

“Si no es por las buenas, será por las malas”, amenazó el hombre antes de efectuar un primer disparo contra el canino, propiedad de la afectada, de acuerdo a la imputación.

Lejos de detenerse, realizó un segundo tiro contra el animal, al tiempo de decir: “a terminata ko’are, ha upei ahata nderehe” (termino con él y voy por vos), relata la presentación.

Siempre según los datos recogidos por los intervinientes, al ver que el agresor también les apuntaba con el arma, los testigos huyeron despavoridos del lugar y dieron aviso a la Policía.

Posteriormente, agentes de la comisaría 24ª procedieron a la aprehensión de Cardozo, quien entregó un rifle de aire comprimido con el que dice haber realizado los disparos. Alertados por los vecinos, funcionarios de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal tomaron intervención en el caso y realizaron la denuncia ante la Fiscalía.

Procesado pidió arresto domiciliario con permiso para trabajar en el MEC

En la audiencia de imposición de medidas realizada hoy, la defensa de Cardozo solicitó arresto domiciliario con permiso para trabajar de 16:00 a 08:00 horas en el Ministerio de Educación y Ciencias, donde tiene una antigüedad de 16 años y 6 meses.

“Mi defendido declaró ante la Fiscalía, dio su versión de lo sucedido, individualizó personas que pueden declarar y, cuando el propio Ministerio Público le preguntó si tenía el rifle utilizado y si lo pondría a disposición, respondió expresamente que sí, que lo tiene y que lo pondrá a disposición de la Fiscalía. Eso no es comportamiento de una persona que esté ocultando evidencia”, argumentó la defensa.

Asimismo, la defensa insiste en que Cardozo utilizó un arma de aire comprimido y no de fuego como señala la denuncia que dio origen al proceso y destaca que es necesario determinar si el can falleció como consecuencia de esos disparos.

“No pretendemos que V.S. resuelva hoy cuál fue la causa de muerte. Precisamente sostenemos que eso debe investigarse, que se produzca la necropsia, que se examine el rifle, que se determine técnicamente la lesión y que se obtengan las cámaras solicitadas”, explicó, al tiempo de solicitar la aplicación de medidas alternativas a prisión mientras se desarrolla la investigación.

Peligro de fuga y de obstrucción a la investigación motivaron la prisión preventiva

Sin embargo, la magistrada resaltó que no cuenta con datos con relación a su arraigo suficiente dentro del territorio nacional que hacen a trabajo, familia y domicilio, por lo que el peligro de fuga no está descartado.

“En cuanto al peligro de obstrucción, debemos mencionar que nos encontramos en una etapa incipiente de la investigación en donde aún existen diligencias avocadas en el esclarecimiento de la investigación por parte del Ministerio Público, y teniendo la alta expectativa de pena privativa de libertad que poseen los hechos punibles imputados se puede afirmar que aún se encuentra latente el peligro de obstrucción a los actos de investigación”, acotó la jueza Sánchez.