Las senadoras Celeste Amarilla y Yolanda Paredes denunciaron que Delgado exigía parte del salario mensual de sus funcionarios mediante transferencias bancarias a la pareja de la legisladora; el titular de la Cámara, Basilio «Bachi» Núñez, está instado a intervenir pese a que aún no se ha iniciado investigación formal.

La senadora Zenaida Delgado, integrante del bloque oficialista y con historial de polémicas, fue denunciada ante la Mesa Directiva del Senado por el presunto cobro de «peajes» a funcionarios de la Cámara Alta, que según las denuncias —presentadas por las senadoras Celeste Amarilla y Yolanda Paredes— eran obligados a transferir parte de sus salarios cada mes a cuentas vinculadas a la pareja de la legisladora.

El mecanismo consistiría en que los funcionarios contratados por Delgado —o asignados a comisiones de su banca— debían aceptar entregar un porcentaje de su remuneración para conservar sus cargos.

Las transferencias se hacían a través de «prestanombres» o personas ajenas al Senado que actuaban como receptores del dinero.

Se menciona la vinculación activa de la pareja de la senadora, Gustavo Vera Santander, quien —según fuentes parlamentarias— habría tenido influencia en nombramientos, permisos y gestión de personal en el órgano legislativo.

La denuncia fue presentada en una reunión formal de la Mesa Directiva del Senado el 1 de septiembre, donde la senadora Celeste Amarilla expuso que alrededor de 17 funcionarios bajo la banca de Delgado estarían involucrados en dicho esquema.

Delgado ya estaba salpicada por otros casos: en marzo de este año, un minibús propiedad del Congreso, que estaba asignado a su uso, sufrió un incendio durante una gestión que se vinculó a viajes personales, y la reparación (por G. 48 millones) fue costeada con fondos públicos.

Pese a las denuncias, la bancada oficialista de la Asociación Nacional Republicana (ANR) «cartista» premió a Delgado nombrándola como titular de la Parlamento del Mercosur (Parlasur), lo que generó críticas por lo que se considera una falta de sanción interna.

Desde la oposición se lamenta que el presidente del Senado, Basilio «Bachi» Núñez, hasta ahora no haya tomado medidas claras frente al caso, y se le exige que remita los hechos al Ministerio Público si corresponde.

El escándalo de «peajes» se vincula asimismo con una crisis mayor en la Cámara Alta, que está siendo sacudida por audios filtrados, acusaciones de reparto irregular de fondos (especialmente de donaciones provenientes de Taiwán) y negociaciones de cargos, lo que genera un clima de grave deterioro de la imagen institucional.

Este tipo de denuncias afectan directamente la transparencia del servicio público y la integridad de los procesos de nombramiento y remuneración en la función legislativa. Si se confirma la existencia de un mecanismo de descuento obligatorio de salarios a cambio de cargo, podría constituir delito de extorsión, abuso de función pública o enriquecimiento ilícito, además de abrir luz sobre posibles estructuras paralelas de poder dentro del Congreso.

Se espera que la Mesa Directiva del Senado, solicite información formal al área de Recursos Humanos del Congreso, analice la posibilidad de sanciones administrativas a Delgado o a su entorno, y evalúe la remisión de los hechos al Ministerio Público de la República del Paraguay para que investigue una «notitia criminis». Hasta el momento no se ha anunciado qué medida concreta se tomará, ni se ha hecho pública una auditoría o informe que confirme o descarte los hechos.

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