Detienen a actuario judicial por supuesto pedido de coima
Suma un nuevo caso de corrupción en el Poder Judicial. Dos actuarios fueron denunciados por un pedido de USD 30.000 con el fin de reducir la pena privativa de libertad de un detenido a 5 años, en lugar de 15 años.
El procedimiento continúa en proceso y la fiscal Liliana Alcaraz solo maneja un nombre incompleto y otro completo. Se trata de los funcionarios Héctor y Víctor Marecos, este último presidente de la Asociación Paraguaya de Actuarios Judiciales. Ambos están siendo investigados por el supuesto pedido de USD 30.000 para reducir una pena carcelaria.
Todo inició con la denuncia de los familiares de un preso por lo que los intervinientes pidieron tiempo para ver el desarrollo del ilícito.
En primer lugar se firmó un contrato privado entre los empleados y las víctimas en donde transferían como garantía de pago una lujosa camioneta para posteriormente depositar el dinero una vez que sea leida la sentencia. La moneda de cambio era reducir la condena de 15 años a 5 años.
La semana pasada culminó el juicio oral y efectivamente, el reo fue condenado a cinco años de cárcel y tras esto solo faltaba el pago de USD 30.000 y la devolución de la camioneta.
Marecos logró ser detenido e imputado por cohecho pasivo, tentativa de extorsión y tráfico de influencias, sin embargo, Héctor, quien a su nombre depositaron el rodado, está prófugo. Según explicó la agente fiscal, Marecos pudo haber influido en la decisión de los jueces porque él trabaja de cerca en este ámbito por su cargo de actuario del Tribunal de Sentencia.
«Es un verdadero acto de coraje denunciar a estos funcionarios que se aprovechan de la situación difícil que viven los seres queridos del hombre», explicó Alcaraz.
La representante del Ministerio Público explicó además que tras el hallazgo de un pago de coima que iba a nombre del ministro de la Corte, Óscar Bajac, hubo un ambiente de duda y temor, por lo que posterior a que estallara ese caso, los corruptos pidieron a esta familia que rompan el contrato de transferencia, con el fin de eliminar pruebas comprometedoras.
