La Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley que plantea una “compensación histórica” para supuestos extrabajadores de Itaipú, un golpe que implicará cerca de US$ 940 millones para más de 16.000 beneficiarios, de dudosa legitimidad, ya que aparecen políticos, supuestos “herederos” e incluso fallecidos. Opositores advirtieron que proyectistas tienen “intereses electoralistas” y “mintieron” para justificar el millonario desembolso. El documento pasa al Ejecutivo.

Con 57 votos a favor, 18 en contra, 2 abstenciones y 3 ausencias se sancionó el cuestionado proyecto de ley que implica la promesa de un millonario pago de unos US$ 940 millones en pleno año electoral, a exobreros de la Entidad Binacional, sin claridad respecto a de dónde saldrán los fondos y con el riesgo de que afecten fondos sociales.
Además de las observaciones técnicas y jurídicas, la nómina de 16.180 beneficiarios incluye a cuestionados beneficiarios, entre ellos candidatos a cargos electivos, seccionaleros e incluso fallecidos.

Los defensores de la iniciativa, tratando de sacar rédito electoral, alegaron que justamente es una posición “política” a favor de reclamos, ya que jurídicamente el planteamiento no tiene sustento, puesto que los plazos legales para cualquier reclamo ya prescribieron.
Supuestamente, en el caso de promulgarse la ley, los fondos se obtendrán del precio de la tarifa de la energía de Itaipú, algo que es prácticamente imposible, ya que ahora que se redujo a un punto intermedio, Brasil no tendría ninguna intención de volverla a aumentar. De hecho, la postura del vecino país es bajar aún más la tarifa.

Advierte de veto o inconstitucionalidad
“No voy a permitir que los que quieren venir a congraciarse en un proyecto electoral, con votos fáciles y aplausos fáciles nos traten de mentirosos a los demás. Mentirosos son los que dicen que no va a afectar Fonacide, no va a afectar los gastos sociales. Mentirosos son los que dicen que Brasil va a pagar una parte”, afirmó la diputada Celeste Amarilla (PLRA), una de las que advirtió que los argumentos de los defensores de esta iniciativa son falaces.
El diputado Roberto González (ANR, oficialista) uno de los pocos colorados oficialistas quevotó y argumentó en contra, detalló una serie de cuestionamiento jurídicos respecto a esta iniciativa, advirtiendo de que probablemente sea atacada de inconstitucional, si es que no se veta.
Otra vez denuncian amenazas contra los que votaron en contra La diputada Kattya González (PEN), quién argumentó durante la sesión su postura en contra la aprobación de este proyecto, denunció haber sido amenazada a través de un mensaja de texto.
“Mi voto al igual que el suyo es libre. Puede seguir votando, en cada elección, por los ladrones y traidores de las cúpulas mafiosas que les engañan y hambrean desde hace 70 años Yo voy a seguir recorriendo mi país con la frente en alto y las manos limpias. Basta de amenazas”, indicó la diputada Gonzalez, exponiendo un mensaje que le advertía no ir hasta al departamento de Alto Paraná.

Durante el tratamiento previo en la Cámara Alta, la senadora Desirée Masi (PDP) también denunció haber recibido amenazas por parte de los manifestantes.

“Se puede amenazar de diversas maneras, pero lo que no pueden hacer es amenazar incluso como están haciendo con mis hijos, así que se pueden ir bien a la p…” había dicho en su momento Masi, en respuesta a los mensajes recibido en su momento

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