Dos policías extorsionaron a un conductor tras accidente

El agente fiscal Federico Delfino, de la Unidad n.º 2 Especializada en Hechos Punibles contra la Libertad de las Personas, presentó imputación contra dos efectivos policiales por la presunta comisión de los hechos punibles de coacción, cohecho pasivo agravado y estafa. Asimismo, requirió la prisión preventiva de los sindicados.

Según la investigación, el 15 de marzo de 2026, a las 07:15, Jesús Mathías Vallejos Blasco, de 37 años, se desplazaba a bordo de una camioneta, cuando sufrió un accidente de tránsito con otro vehículo, conducido por una mujer, en la ciudad de Asunción.

Fue testigo del accidente un chofer de Bolt, identificado como Alejandro Daniel Benítez Ramírez, de 23 años, quien circulaba a bordo de un Hyundai HB20. Este conductor se acercó al hombre, y se hizo pasar como “primo de la conductora” y le solicitó la suma de G. 2.500.000, asegurando que el dinero serviría para llegar a un acuerdo económico con la otra parte involucrada.

Confiando en la supuesta relación familiar, el responsable del accidente accedió y realizó una transferencia por el monto mencionado a la cuenta proporcionada por el sujeto, quien, una vez recibido el importe, se retiró del lugar.

Inmediatamente después, mientras el conductor responsable del choque salía del lugar del accidente, fue interceptado por el suboficial segundo Eduardo Ortigoza Portillo y suboficial ayudante Gabriel Isaías Martínez Duarte, de la comisaría 19ª de Asunción, quienes se desplazaban a bordo de una motopatrulla.

En ese momento, uno de los agentes se habría presentado como “medio hermano de la conductora accidentada” y, en ese contexto, solicitó nuevamente la suma de G. 2.500.000 con el mismo argumento. La víctima realizó una transferencia de G. 1.000.000 a la cuenta de una mujer, quien posteriormente habría reenviado el dinero al personal policial. No obstante, para dejarlo libre, los agentes habrían exigido el pago íntegro del monto solicitado.

A raíz de ello, se dirigieron hasta una estación de servicios, donde la víctima fue atendida por un playero y efectuó dos transacciones, de G. 600.000 y G. 700.000, totalizando G. 1.300.000. Esta suma habría sido entregada en mano al supuesto “medio hermano”, quien en todo momento se encontraba en compañía del otro efectivo policial. Una vez recibido el dinero, permitieron que la víctima continuara su camino, mientras ambos agentes retomaron su servicio sin haber comunicado hasta la fecha el accidente ocurrido.

Posteriormente, la conductora implicada en el accidente negó tener vínculo familiar con estas personas, así como haber recibido dinero de los supuestos “intermediarios” o haber autorizado acuerdo económico alguno.