Familiares de la jueza asesinada por un guardia del Poder Judicial de Hernandarias, presentaron una demanda contra el asesino y de forma subsidiaria contra el Estado piden una indemnización que de los 3.500 millones.

El principal argumento de la familia la entonces juez de garantías de Hernandarias Diana Evelin Mereles, para presentar la acción judicial es el agravante de que la magistrada fue muerta de forma brutal por una persona que debía resguardarla y que fue contratada por el mismo órgano para supuestamente garantizar la seguridad de los funcionarios judiciales.

Además, exponen que para la contratación del mismo no se tomó en cuenta los problemas de adicción que tenía el hombre, así como no reunir la más mínima capacidad para cumplir con su trabajo. El guardia que se convirtió en asesino de la magistrada incluso ya fue involucrado en hurto de expedientes según los antecedentes, pero seguía en el cargo.

El terrible hecho ocurrió el 27 de Junio del 2020, un sábado cuando trabajaba sola en su despacho para tener al día sus expedientes ya que a pocos meses asumió el cargo. Cuando salía de su despacho fue sorprendido por Wilson Miguel Scappini, quien se desempeñaba como guardia y a la vez era el hijo del jefe de seguridad del Juzgado.

En su defensa Scappini alegó que no estaba que consciente de lo que hizo porque estaba bajo efectos de drogas que había consumido y estaba en un estado de alucinación.
Un tribunal de primera instancia lo condenó a 25 años de prisión por el homicidio y otros 5 años de encierro como medida de seguridad.

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