Gobierno de Nayib Bukele ahora cobra a los presos por comida, ropa y productos de higiene en las cárceles
Los familiares de los detenidos bajo el Régimen de Excepción denunciaron que les exigen 170 dólares al mes para brindarle alimentos y productos básicos a los detenidos. Los negocios en las prisiones están bajo el control de un hombre de confianza del Presidente sancionado por Estados Unidos
Marta Ruano viajó el 5 de febrero al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, en el centro de El Salvador, a dejar comida y artículos de higiene personal, como lo hace cada mes desde mayo de 2022, cuando la policía salvadoreña metió presos a dos de sus hijos, a quienes acusó de asociaciones ilícitas en el marco del régimen de excepción en que el gobierno de Nayib Bukele mantiene al país desde marzo del año pasado. En uno de los muros del penal, Marta se encontró con una mala noticia: a partir de aquel día, los familiares de los presos en esa cárcel están obligados a comprar paquetes alimenticios y de insumos básicos ahí, uno al mes por USD 170. No tienen otra opción; no puede llevar nada de fuera: o pagan o sus parientes no comen, no tienen acceso a papel higiénico o a vestimenta.
“Son malas noticias, ahora no nos recibirán paquetes, hay que comprarlo en el penal”, contó Marta (se ha cambiado el nombre de esta fuente a petición suya por razones de seguridad). “Es mucho dinero, ya no sé si voy a poder llevar”.
A partir de diciembre de 2022, los familiares de los presos en Zacatecoluca entregan USD 170 directamente en el penal. Lo que compran por ese dinero son siete pequeños paquetes cuyos contenidos no aparecen detallados en las hojas que los carceleros han pegado en los muros de las prisiones. Los familiares solo saben que dan USD 35 por alimentación, USD 15 por artículos de higiene, USD 30 por vestimenta, USD 20 por limpieza de área y USD 70 por misceláneos.
Infobae consultó con otras tres jefas de familia, con organizaciones de la sociedad civil que dan seguimiento a lo que ocurre en las prisiones salvadoreñas, con abogados defensores y con comités de familiares de presos; en total, representantes, voceros y miembros de una cincuentena de familias de prisioneros. Todas las fuentes consultadas coincidieron en que la Dirección General de Centros Penales de El Salvador (DGCP) empezó desde finales del año pasado a hacer los cobros obligatorios de USD 170 por en la cárcel de máxima seguridad en Zacatecoluca y en al menos otras dos prisiones, en Apanteos y en Izalco. “Lo que nos han dicho es que la idea que tienen es que sea en todas las cárceles”, dijo Marta, una de las madres
