Un total de siete funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y otro de una empresa tercerizada, fueron imputados por el fiscal Silvio Corbeta por asociación criminal, reducción y apropiación. Estos habrían participado de un esquema de robo de 334.213 metros lineales de cable por valor de casi US$ 1.000.000, con la finalidad de extraer el cobre de los conductos eléctricos.

El fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Silvio Corbeta Dinamarca, formuló imputación contra siete funcionarios de la ANDE y uno de una firma tercerizada por los hechos punibles de estafa, reducción, apropiación y asociación criminal,  en todos los casos en calidad de coautores. En ese contexto solicitó al juez penal de garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para los investigados.
Los trabajadores de la ANDE imputados son Ronie Pastor Rodríguez Aquino, Gerardo Javier Samudio Benítez, Edgar Ismael Báez González, Fernando Cesar Giménez Morel, Egidio Javier Bordón Díaz, Juan Gabriel González Benítez, Francisco Ariel Ocampo, y Julio Javier Lovera Caballero, quien es funcionario de la firma contratista Compañía de Ingeniería Metal Eléctrica SRL (CIME SRL).

El representante del Ministerio Público formuló imputación en base a los datos que refieren que, entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2022, los funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) solicitaron, retiraron y entregaron cables que eran propiedad de la institución.
Es así que, para poder retirar los materiales de la ANDE los mismos habrían simulado una demanda inexistente para utilizarlos, cuando en realidad el destino que tenían un distinto distinto al que realmente deberían tener. De esta forma sustrajeron en total 334.213 metros lineales de cable.

Esquema para el retiro de cables de la ANDE
Los datos de la investigación señalan que el jefe de Sección de Distribución de Limpio de la ANDE, Ronie Rodríguez, había solicitado el retiro de un total de 334.213 metros lineales de cable del depósito de la institución, ubicado sobre la avenida Guido Boggiani de Asunción. Para la tarea autorizó a los funcionarios a su cargo Gerardo Samudio, Edgar Báez, Fernado Giménez y Julio Lovera, empleado de CIME SRL.
Los empleados tenían la venia de Rodríguez, podían retirar una cantidad desmedida de cables que serían utilizado en Limpio para atender los reclamos en dicha zona. Sin embargo, los formularios mediante los cuales los funcionarios habrían solicitado el retiro de materiales no habrían cumplido con todos los requisitos y tampoco con la documentación que justifique la cantidad de material retirado y su destino.

Atendiendo a lo dicho previamente es que los encargados del depósito de la ANDE, sobre la avenida Boggiani, Egidio Bordón, Juan González y Francisco Ariel Ocampos, habrían entregado los 334.213 metros de cables a sus compañeros y al empleado tercerizado que no tenía autorización para el retiro de materiales.
Tras detectar el perjuicio en cuanto a materiales, la ANDE llevó a cabo una auditoría que reveló que la cantidad de conductores eléctricos retirados no se compadecía con la infraestructura eléctrica de la zona de cobertura en
Limpio, ni con las tareas encomendadas a los funcionarios. Esto se vio apoyado por un trabajo de campo y verificación del lugar, donde no se hallaron los materiales.

Perjuicio de casi US$ 1.000.000 a la ANDE
En la investigación el fiscal Corbeta pudo constatar que en el formulario de retiro de materiales denominado “Salida de Materiales” se observó los tipos de cables retirados por los funcionarios a su cargo, mediante autorización de Ronie Rodríguez.
Esta conducta desplegada por los empleados generó las sospechas de la Fiscalía sobre que los mismos se habrían asociado con el objeto de simular una demanda inexistente para justificar el uso y posterior retiro de los cables sin que se les dé el destino que debían tener y que fue declarado en los formularios.
Esa auditoría llevada a cabo la auditoría por la ANDE es la que permitió concluir que los materiales no habrían cumplido con la finalidad para la que  fueron adquiridos, ocasionando así un perjuicio patrimonial a la ANDE de G. 7.199.832.507, equivalentes a unos US$ 960.868, que según aclara el fiscal del caso en su imputación, tras una verificación y evaluación podría ser superior.

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