Luego de una intensa jornada de marcha ayer por la mañana, los campesinos dijeron este jueves que seguirán en el sitio en donde acampan: la Plaza de Armas de Asunción, frente al Congreso. Sin embargo algunos líderes cambiaron de postura poco después, por lo que se desconoce aún si impulsarán o no la medida de fuerza.

La Cámara Alta tiene en su Orden del Día el tratamiento de los dos proyectos de ley que eventualmente condonarían las deudas de los labriegos, aunque ellos usan la palabra subsidio.

Hasta ayer no había votos para tratar estos documentos y todo apunta a que el tratamiento de postergará, como lo anunció el senador Hugo Richer, del Frente Guasu. Existe una “fuga” de votos dentro del llanismo liberal y el oficialismo colorado tiene ya la orden de no aprobar estos documentos, lo que hace dificíl su sanción en Senado. Ayer al mediodía, el senador Silva Facetti, del PLRA, respondió, sin embargo, que tendrían los votos. Así, el panorama es incierto aún.

Los proyectos se llaman “de emergencia nacional para la agricultura familiar” y “de rehabilitación financiera a los pequeños productores”. Este último incluye el subsidio de deudas de hasta G. 90 millones por productor y por finca de hasta 30 hectáreas.

La Comisión de Hacienda y Presupuesto que preside la senadora liberal Blanca Lila Mignarro no dictaminó ayer sobre los proyectos debido a la falta de quorum, por la ausencia de los senadores cartistas.

Dado que el dictamen de Hacienda es obligatorio por reglamento, la alternativa es que el pleno se constituya en comisión, para lo cual, con la dudosa modificación al reglamento, necesitan 23 votos, con los cuales contarían.

Según los sondeos, votarían a favor de los proyectos las bancadas del Frente Guasu, la bancada liberal llanista, algunos liberales efranistas, del PDP, Avanza País y también algunos colorados disidentes, con lo cual se reuniría holgadamente la mayoría necesaria.

Según la versión de las organizaciones campesinas, las deudas alcanzan un monto de US$ 34 millones e incluyen a cerca de 17.000 personas. Sin embargo, el proyecto consensuado que estará hoy a consideración del pleno habla de un subsidio de hasta G. 90 millones por productor.

El proyecto también incluye un artículo que habilita al Ministerio de Agricultura, en coordinación con el BNF, el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y el BCP a reglamentar la ley, incluyendo los mecanismos de participación de los productores afectados.