Tanto la Corte Suprema de Justicia como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) abrieron sendas investigaciones tras el caso en que el abogado Dennis Leonor Benítez, en connivencia con el juez civil Juan Pereira, dejaron sin su vivienda a una viuda con su hijo menor. Según el oficio hecho público ayer, la superintendencia de la Corte, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3° de la acordada 478/2017, ordenó la apertura de una auditoría de gestión en los autos, Manuel Fonseca Cáceres sobre sucesión, a los efectos de constatar la existencia o no de irregularidades.

El documento fue remitido a la dirección general de auditoría de gestión de la Suprema Corte, previo registro en la oficina de quejas y denuncias. El resultado de la auditoría será registrado en el legajo personal del abogado, cuya acción generó la indignación ciudadana en las redes sociales, si ello lo amerite. Por cuerda separada, el presidente del JEM, senador Enrique Bacheta, firmo el oficio 62/20, dirigido al juez civil y comercial del cuarto turno de Ciudad del Este, Juan Pereira, comunicándole el inicio de una investigación preliminar y lo emplazó por 24 horas para que remita las compulsas actualizadas de la causa.

Previo al accionar de la máxima instancia judicial y el organismo extra poder, el juez Pereira intentó justificar su decisorio echando la culpa a la señora Claudia Carolina Velázquez, ya que esta no apeló la resolución, acusándola de haber estado en acabado conocimiento del proceso abierto en su contra por el abogado Benítez en concepto de regulación de honorarios profesionales. Nadie cuestionó el hecho de que el abogado perciba sus honorarios profesionales, pero sí el hecho de haber comercializado la vivienda de su cliente por un monto irrisorio, con la complacencia del juzgador, que fijó monto de pago, pero no especificó la forma, hecho por el que el leguleyo, comercializó la casa y se quedó con todo el monto sin dar participación a la propietaria real de la vivienda, que es heredera legal.

En ambas instancias, se revisará todo el procedimiento desde inicio al finiquito de la causa para posteriormente resolver si corresponde o no una sanción a los protagonistas.