Ciudadanos fueron imputados luego de escrachar al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Los afectados denuncian la intención de criminalizar la lucha social y señalan que se les abrió un proceso en cuestión de horas, mientras las 34 denuncias contra el jefe comunal están «congeladas».Varios dirigentes sociales y sindicalistas que venían escrachando al intendente de Ciudad del Este, el abogado Miguel Prieto Vallejos, fueron imputados en la causa 4.084, caratulada por el Ministerio Público como Elvio Barúa Acosta y otros sobre los supuestos hechos contra la seguridad de la convivencia de las personas (perturbación de la paz pública) y contra la libertad (coacción)Se trata de los mismos activistas sociales que antes escrachaban a la intendenta colorada Sandra McLeod de Zacarías.

El acta de imputación fue presentado ante el juzgado por el fiscal de la causa el abogado Alcides Giménez Zorrilla el pasado 24 de marzo. Además de Barúa, están procesados Rogelio Núñez y Rodrigo Fernández.

La imputación señala que los encausados “organizaron” una manifestación en protesta contra la actual administración municipal frente a la casa de Vicente Prieto, padre del intendente, el pasado 21 y 22 de marzo.

Piedras y huevos

“Habrían tirado objetos contundentes (piedras), aceites, huevos, bombas 12 x 1 y otros objetos contra domicilio del señor Vicente Prieto, a quien obligaron a cerrar sus negocio y una vez que mancharon y destruyeron sus mercaderías (ropas para la venta), con aceites y otros líquidos”, señala el acta de imputación.

Menciona que dentro del local comercial muchos clientes quedaron atrapados sin poder salir de los manifestantes.

Agrega que en el segundo día de manifestación una de las bombas arrojadas contra la vivienda de Vicente Prieto, cayó en uno de los balcones del domicilio de un menor con discapacidades y que se encontraba en su silla de ruedas.“A raíz del impacto de las bombas, el mismo entró en una crisis de nervios y no pudo ser auxiliados por sus padres, debido a que no podían salir de los manifestantes, quienes estuvieron en el lugar más o menos una media hora”, menciona el documento.

Por su parte Rogelio Núñez acusó al intendente Prieto de buscar criminalizar la lucha social en Ciudad del Este.

Señaló que ellos buscan destrabar las 35 causas abiertas contra Prieto en el Ministerio Público, instancia en el que fue denunciado por varios hechos punibles por parte del exconcejal municipal Celso Kelembu Miranda, la Contraloría Ciudadana y el dirigente liberal Ivan Airaldi entre otros.

«No tienen vergüenza»

“Los fiscales son rápidos en imputar a ciudadanos que reclaman justicia, mientras hacen caso omiso e ignoran denuncias y hasta encubren a las autoridades corruptas. Varios jueces y fiscales no tienen vergüenza”, denunció Núñez, uno de los imputados.

“Este es igualito o peor que Javier Zacarías (actual senador y ex intendente de Ciudad del Este). Utiliza la misma práctica represiva, de autoritarismo. Utilizó a la patrullera de la Policía Nacional para que me venga a notificar y es para amedrentar. Vinieron a casa y como yo no estaba. El jueves ya tomó estado público esta situación”, expresó Núñez.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Ciudad del Este (Sitramucde) asegura que esta imputación le fortalece.

“A nosotros nos fortalece, a él (Prieto) no esto de criminalizar las luchas sociales. Nosotros tenemos una buena bandera con esto para exponer nuestra postura ante el Ministerio Público y ante el nuevo Fiscal General de Estado. Se le persigue, se le imputa al que fue a denunciar a un corrupto, mientras al corrupto no se le hace nada”, remarcó.

Por su parte el concejal colorado Ernesto Guerin adelantó que se trasladaran hasta la capital del país para mantener una audiencia con el Fiscal General del Estado, Emilio Rolon, con el fin de destrabar todas la causas abierta contra Miguel Prieto en la fiscalía y que asegura están paralizadas.