Peña y Arévalo coinciden en misa mientras estallan chats polémicos


Peña y Arévalo asistieron a celebración religiosa en Itá mientras se divulgaban chats que vinculan al legislador en presuntos hechos de corrupción.

El presidente Santiago Peña compartió espacio público con el diputado Orlando Arévalo (ANR, HC) durante una celebración religiosa en Itá, coincidiendo con la revelación de conversaciones comprometedoras vinculadas al caso Lalo Gomes. El encuentro se produjo en el marco de la festividad de San Blas, tras el retorno del mandatario de su más reciente gira internacional.
Durante el desarrollo de la ceremonia religiosa, el juez Osmar Legal comunicó a la Fiscalía General del Estado la existencia de presuntos hechos punibles detectados en las conversaciones extraídas del teléfono del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes. Los mensajes implican al diputado Arévalo en supuestos casos de recepción de dinero y manipulación de procesos dentro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Las nuevas acusaciones se suman a una serie de cuestionamientos previos contra el legislador cartista, quien asumió la presidencia del JEM tras la renuncia del senador Hernán David Rivas en agosto de 2023. Los chats en poder del Ministerio Público sugieren que Arévalo habría recibido compensaciones económicas de Gomes para favorecer a fiscales y una jueza.
El respaldo político al diputado Arévalo se ha manifestado en distintas ocasiones, incluyendo denuncias por presunta falsificación de título universitario y el uso irregular de combustible municipal en Lambaré. En estos casos, las denuncias no prosperaron en la Fiscalía, evidenciando el apoyo del movimiento cartista y sus aliados en el Congreso Nacional.
Un incidente adicional involucra la presunta intervención de Arévalo en la liberación de su cuñado, detenido por realizar disparos al aire en diciembre de 2023. A pesar de que el fiscal interviniente recibió una amonestación, el legislador mantiene sus cargos como diputado y vicepresidente primero del JEM.
En respuesta a estas revelaciones, el fiscal general Emiliano Rolón dispuso la apertura de una causa penal, designando a los agentes Verónica Valdez, Néstor Coronel y Francisco Cabrera para la investigación. Esta decisión marca el inicio formal de las pesquisas sobre los presuntos hechos de corrupción expuestos en las conversaciones.
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