Pobladores de Remansito defienden ocupación en tierras del Ministerio de Defensa
Pobladores de Remansito que viven en las tierras del Ministerio de Defensa cuestionaron que el Gobierno busque desalojarlos. Aseguran que algunos realizaron gestiones para regularizar la ocupación, mientras que el procurador sostuvo que no cree que cuenten con documentaciones.
Durante el reconocimiento judicial en el territorio conocido como Jardines de Remansito, en Villa Hayes, Departamento de Presidente Hayes, realizado por el juez en lo Civil José Villalba. junto con el procurador general de la República, Marco Aurelio González, en el marco del caso conocido como ocupación vip, varios pobladores reclamaron a las autoridades que se los busque despojar de las tierras.
Uno de ellos sostuvo que vive en la zona desde hace aproximadamente 20 años y que, incluso, así como otros ciudadanos, supuestamente ya realizaron gestiones para regularizar la tenencia de las tierras públicas, a través de entidades como el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
“Soy padre de familia, soy trabajador, soy voluntario, sirvo a la gente, no soy delincuente y no me apropié de nada de forma ilegal, porque me sentí representado por las instituciones del Estado, porque seguimos los conductos correspondientes para tratar de regularizar toda esta tierra, hoy día que tiene valor quieren venir a sacarnos como si fuera que no tenemos derecho”, expresó.
Alegó también que, tiempo atrás, cuando sectores empresariales llegaron hasta el sitio para ocupar el inmueble, la Procuraduría General no ejerció ninguna acción. Reclamó que, si se los despoja de las tierras, quedarán “en las calles”.
“Cuando se presentaron dos sectores empresariales con título de contenido falso, ¿dónde estaba la Procuraduría General para defender las tierras del Estado? Ahora que nosotros paraguayos legítimos, yo soy de los confines del Chaco, que tratamos de darle la cara que hoy en día tiene, porque antes ni las alimañas acá se alegraban, nos quieren desalojar como si fuéramos delincuentes”, añadió.
El procurador González, por su parte, le dijo que se están realizando las diligencias preparatorias y que está en su derecho ofrecer al juez la información que contenga sobre la propiedad, para que, a partir de eso, el Gobierno tome las decisiones correspondientes. En tanto, aseguró que no existen documentaciones que avalen la ocupación.
“Este inmueble es del Estado y tenemos la obligación de recuperar su dominio. Nosotros estamos seguros de que no tienen ninguna legitimación, pero nos gustaría también que ellos den a conocer cuál es la situación que eventualmente les podría amparar, el juez les va a obligar. Le dimos una medida cautelar de no innovar, que seguramente en función del resultado de las diligencias van a ser dictadas próximamente”, manifestó a su vez.
Finalmente, el alto funcionario dijo que no se descarta ninguna medida judicial contra los ocupantes o invasores en caso de confirmar las irregularidades. Afirmó que, con la verificación en la zona, también esperan confirmar el listado oficial de las personas que ocupan la finca y que los nombres que tienen hasta ahora son solo los que tomaron estado público, por lo que aún no pueden presentar ninguna demanda.
“Tenemos información del Indert de que no existe ninguna adjudicación, no sabemos si en administraciones anteriores se hizo. Al reunir aquí información podemos empezar a determinar cuáles serán los siguientes pasos. (…) Nosotros tenemos un mandato muy claro del presidente, de exigir con la ley todas las responsabilidades que correspondan. Si llegamos a tener indicios de que existen elementos para una acción penal, vamos a poner a conocimiento”, afirmó.
Las tierras en cuestión son propiedad del Ministerio de Defensa y pretenden ser desafectadas a favor de la Municipalidad de Villa Hayes, con el objetivo final de transferir a título oneroso a los ocupantes, lo que generó todo tipo de reacciones por parte de la oposición y la ciudadanía, sobre todo a causa de invasores vip, entre los cuales están jueces, empresarios y políticos.
El proyecto de ley tuvo sanción automática en la Cámara de Senadores la semana pasada, mediante una jugada de la bancada cartista, que dejó sin cuórum la sesión. En tanto, poco después y tras las sendas críticas por el caso, el presidente Santiago Peña ya adelantó que su postura está a favor de vetar el proyecto.
