La Cámara de Senadores aprobó los artículos del proyecto de resolución de denuncia penal contra Sandra Quiñónez, que definen los argumentos de la demanda y autoriza al titular del Senado, Óscar Salomón, a comenzar el trámite.

El proyecto de resolución de denuncia penal contra la ex fiscala general Sandra Quiñónez por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones (prevaricato), obstrucción a la investigación penal, complicidad y otros hechos punibles que pudieran resultar de la investigación, fue aprobado la semana pasada por la Cámara de Senadores en forma general.

El estudio de los artículos de la propuesta, en forma particular, se realizó este jueves y fue aprobado por el pleno con modificaciones propuestas por el legislador Lucas Aquino (PLRA), con 24 votos a favor, 2 en contra, 1 abstención y 16 ausentes.

El senador liberal planteó incorporar la presunción en el texto del acápite junto al término de hecho punible y además propuso en el artículo 1° agregar en el inciso e a personas físicas y jurídicas e instituciones que fueron investigadas por las diferentes comisiones del Senado.

El articulado contempla incluir en la demanda la denuncia de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) en el tema de lavado de dinero y otros delitos conexos, en donde se hallan involucradas varias personas.

La propuesta establece declarar de interés nacional y hacer la denuncia penal contra la ex fiscala por diferentes presuntos hechos punibles que fueron investigados y presentados por la Cámara de Senadores y no se les dieron curso en el Ministerio Público.

El Senado incluyó el informe final de la Comisión Bicameral sobre Lavado de Dinero y Otros Delitos Conexos, caso Darío Messer y otros; las denuncias contra varios funcionarios públicos que facilitaron por complicidad o por omisión, diferentes tipos de hechos punibles.

Asimismo, la denuncia presentada contra varios gerentes y facilitadores de las empresas del ex presidente de la República Horacio Cartes y las denuncias sobre el vínculo existente entre bancos de Plaza y Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca.

El cartista Enrique Riera, en un intento para que no figurara el ex mandatario en la demanda, propuso que se haga la denuncia al estilo de la figura de personas innominadas, pero no consiguió los votos suficientes del pleno.

Salomón deberá reunirse con la Asesoría Jurídica para definir cuándo presentar la demanda.