El exsenador Víctor Bogado (ANR, cartista) denunció al Estado paraguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de tratar de recuperar su banca en el Senado. Asimismo, el exlegislador y la “niñera de oro”, Gabriela Quintana, tratan de anular la condena por cobro indebido de honorarios que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Primeramente por Gabriela Quintana hace 15 días y ayer se remitió la petición y denuncia de Víctor Bogado contra el Estado paraguayo”, indicó el abogado Rodolfo Aseretto, especializado en Derechos Humanos, informó el periodista de ABC Color Carlos Ortega.

El abogado explicó que se le exige al Estado la suspensión de los efectos de la sentencia y la reposición en sus cargos públicos, en el caso de Víctor Bogado como senador y en el de Gabriela Quintana, la “niñera de oro”, como funcionaria del Congreso.

Si la CIDH da trámite a la denuncia, la Comisión decide investigar la existencia de vulneraciones de Derechos Humanos cometidos por los organismos del Estado. Y en caso de que el órgano internacional considere las violaciones, dictamina y recomienda al Estado acusado -en este caso el paraguayo- que rectifique, subsane las irregularidades y/o indemnice a las víctimas. Si el Estado se opone, la causa se lleva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

“No se ha comprobado fehacientemente la comisión de hechos punibles en relación de que Gabriela había devuelto íntegramente la suma supuestamente cobrada de más. En cuanto a Víctor, nunca se comprobó ninguna relación con ese hecho. Él supuestamente fue una especie de cómplice o recomendador, pero no existen elementos que avalen tal determinación”, indicó Aseretto.

Víctor Alcides Bogado González (53) fue condenado a un año de prisión (con suspensión de la condena) por pagar con dinero de Itaipú y de la Cámara de Diputados a la niñera de sus hijos, Gabriela Quintana Venialgo (32). El fallo está firme porque se confirmó en segunda instancia y también lo hizo la Corte, máxima instancia judicial.

El exsenador no solo intenta recurrir a la CIDH, sino que también presentó una acción de inconstitucionalidad contra los fallos que confirmaron su sentencia. Tras ser condenado en primera instancia, el exlegislador también fue expulsado del Senado por sus pares, en mayo pasado.