Abren investigación contra Sandra Quiñonez
La Fiscalía General del Estado le abrió una investigación contra Sandra Quiñonez, ex FGE, por presunta lesión de confianza.
El fiscal general Emiliano Rolón presentó ante su propia institución y asignó, posteriormente, al frente de la causa penal abierta contra la exfiscala general por presunta lesión de confianza a la fiscala Marlene González de Ovelar, de la Unidad N° 10 de la Unidad
Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA). Esto ante la constatación de una obra inconclusa de las oficinas de la Fiscalía Regional de Caazapá.
De acuerdo con el escrito de denuncia presentado por Rolón, el hecho se inicia con el contrato N° 111/2015, entre el Ministerio Público y el Consorcio MyG, referente a la Licitación Pública Nacional N° 17/2015 “Construcción de la sede para la Fiscalia Regional de Caazapá”.
En relación a dicho contrato, la firma “Royal Seguros SA” emitió las pólizas de fiel cumplimiento y anticipo de obra cuyo total arrojaba G. 2.735.952.145.
Ante el incumplimiento contractual del “Consorcio MyG”, el 28 de noviembre de 2018, la entonces fiscal general Sandra Quiñónez, resolvió rescindir el contrato. Así, el 6 de diciembre de 2018, se comunicó a la aseguradora que la constructora incumplió la intimación de pago hecha el 29 de noviembre del 2018, por lo que se configuró el siniestro estatuido en la garantía consecuentemente se debía pagar el monto asegurado.
Luego, el 20 de diciembre de 2018, la compañía de seguros notificó a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del Ministerio Público que se designó a Ética Peritos Liquidadores para la elaboración de un informe de cuentas finales de la obra asegurada. En esta misma fecha, la firma Royal Seguros solicitó a la UOC información complementaria sobre el caso.
El 7 de enero de 2019, Ética Peritos Liquidadores solicitó otra información complementaria a a la UOC, sin embargo dicho órgano del Ministerio Público se negó a responder los dos pedidos y en cambio, reiteró y solicitó a la aseguradora que se procese el pago de la póliza. El 29 de marzo, por su parte la aseguradora solicitó informes sobre los estados judicial y arbitral del contrato, a modo de dato complementario.
