Organizaciones de campesinos e indígenas vuelven a Asunción para exigir a los diputados que sancionen una ley que contempla USD 25 millones para el sector. Se movilizarán desde mañana.

Miembros de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) y de la Articulación Campesina, Indígena y Popular empezarán a instalarse esta noche en la capital del país para movilizarse mañana. Reclaman la aprobación del proyecto de ley de inversión en la agricultura familiar campesina, donde se establece que el 72,3% de los casi USD 25 millones se destinará a transferencias.

Para el dirigente Jorge Galeano hay un claro mensaje de los parlamentarios, que aplazaron por dos semanas el tratamiento del proyecto de ley. Cree que en realidad los legisladores no darán curso al proyecto y por tanto los campesinos decidieron presionar con una nueva movilización por tiempo indefinido.

Es la tercera vez que se instalarán en Asunción, desde mediados de octubre, cuando además exigieron la condonación de deudas, la entrega de tierras provenientes del crimen organizado a la reforma agraria y el cese de los desalojos, temas que fueron incorporados al acuerdo firmado con autoridades.

El primer punto del pacto es justamente la inversión en proyectos para la recuperación de la producción de la agricultura familiar campesina. Incluye construcción de pozos artesianos, entrega de semillas, fertilizantes, insecticidas, así como otros insumos, pero el mayor volumen de recursos, unos USD 16,5 millones, se transferirán a los campesinos o a los comités que presenten una propuesta relacionada al desarrollo productivo, especialmente para la cría de animales menores como ovejas, cerdos y aves, así como para la puesta en funcionamiento de pozos artesianos, cuyo costo por unidad asciende a unos G. 42 millones.

“Los productores tienen que presentar su proyecto que tiene sus reglas, hay que ver toda la documentación respaldatoria y una vez que eso es aprobado por el equipo técnico, se hace una transferencia gradual, de acuerdo con las rendiciones que estamos recibiendo de los productores”, explicó al respecto el ministro de Agricultura y Ganadería, Santiago Bertoni.

Para los pequeños productores de la CNI, la entrega de dinero significará un respiro en medio de sus deudas; sin embargo, es un desafío para el MAG la fiscalización del uso del dinero.

Ejecución. El secretario de Estado detalló que atendiendo a que el año está terminando, solo se podrá concretar la transferencia de recursos y en un nivel muy bajo, ya que además, como consecuencia del Covid-19, la disponibilidad de funcionarios es menor.

“La ejecución que tenga que hacer el Ministerio de Agricultura ya va a quedar para el próximo año, porque ya no podemos llamar a licitación, el año fiscal se está cerrando y nosotros queremos insistir en el mecanismo de abastecimiento de agua, que es importantísimo; los productores que han tenido agua no han tenido problema y las necesidades de agua van desde Ñeembucú hasta Concepción. Entonces tenemos que trabajar mucho y es un recurso que va a permitir a muchos productores crecer en su producción”, dijo.

De esta manera se refirió a las prioridades del sector para hacer frente a la sequía, que es la principal causa de la pérdida de sus cultivos de autoconsumo y de renta, situación que los llevó a la imposibilidad de pagar sus créditos y de pedir nuevos préstamos para invertir en sus fincas.

Proyecto. La propuesta legislativa que parte de un acuerdo firmado entre la CNI y las autoridades, entre ellas el presidente del Congreso, Óscar Salomón, contempla la emisión de bonos por USD 57 millones a nivel local o internacional, de los cuales USD 32 millones están establecidos para obras públicas y hasta USD 25 millones para la agricultura familiar.

Esta iniciativa que cuenta con media sanción del Senado se presentó en el marco del plan de recuperación económica de los efectos causados por la pandemia.

La próxima semana se realizará la reunión de la comisión interinstitucional, conformada para abordar los mecanismos para consensuar una salida a la deuda de los campesinos y el comportamiento abusivo de las entidades bancarias, según la denuncia de los labriegos.