Esta decisión fue anunciada por el senador Óscar Tuma alegando que el mandatario Horacio Cartes dio su visto bueno para promulgar la ley.

En primer lugar, aquellas personas que matan sin motivo aparente a las mascotas o, incluso, las maltratan física y psicológicamente, son pasibles a adquirir una condena de dos años de cárcel. Este inciso incluye prácticas como la zoofilia, el abandono, muerte por contaminación y la cría ilícita de animales.

Sobre los accidentes donde fallecen animales, si no hay intención de que un conductor atropelle a un perro o gato, el peso de la legislación no se aplicará, sin embargo, la omisión de auxilio si es sancionable.

Por su parte, en el caso de que una persona deba a matar a un perro en defensa propia, el afectado no tendrá condena, no obstante, por irresponsabilidad el dueño podría ser castigado con una pena de prohibirle tener mascotas por 10 años.

En el caso de que la pena tuviera una salida procesal ambulatoria a la prisión se aplicarán medidas como multas, prohibición de salida del país, entre otras.

El testigo de maltrato que desee denunciar estos casos podrá hacerlo al acercarse a la comisaría jurisdiccional.