La Policía Nacional confirmó que fue el presidente de la Federación de Camioneros del Paraguay, Ángel Zaracho, quien retiró los USD 50.000 del Ministerio del Interior. Tras su detención, informó el lugar en el que le esperaban los demás líderes camioneros.

El comisario Sergio Insfrán, del Departamento contra el Crimen Organizado, confirmó a Radio Monumental 1080 AM que el dirigente camionero Ángel Zaracho fue quien cobró los USD 50.000 al Gobierno para ya no cerrar rutas, en el marco de una entrega simulada que se realizó por una denuncia de extorsión por parte del ministro del Interior, Federico González.

La fiscala Liliana Alcaraz manifestó que el primero de los detenidos brindó la información sobre el lugar en el que se encontraban los demás líderes camioneros, quienes estaban aguardando a bordo de una camioneta, en el interior de un estacionamiento privado en las inmediaciones.

Además de Zaracho, se encuentran detenidos Roberto Almirón, titular de la Federación de Transportistas Autónomos del Paraguay, así como Vicente Medina; Juan Friedelin, quien pertenece a la Federación de Camioneros del Paraguay, mientras que Julio César Solaeche es de la Asociación de Camioneros Ovetenses.

Asimismo, la fiscala señaló que se tienen grabaciones de las cinco personas por el pedido de USD 1 millón para ya no cerrar rutas en lo que queda del Gobierno de Mario Abdo Benítez, cuyo monto bajó posteriormente a USD 300.000 y se acordó una primera entrega de USD 50.000.

De igual manera, dijo que el primero de los detenidos colaboró en todo momento con el Ministerio Público y que el procedimiento salió mejor de lo que esperaban, ya que se filmó la entrega simulada y se obtuvieron los audios que servirán en caso de que la investigación sea elevada a juicio oral.

La representante del Ministerio Público sostuvo que fueron los camioneros los que solicitaron la coima al Gobierno y descartó que las autoridades hayan operado para dar lugar al pedido.

Entre otras cosas, explicó que la imputación por el presunto hecho de extorsión se dará posterior a las declaraciones indagatorias y que la expectativa de pena es de cinco años.