El exsenador Erico Galeano perdió el beneficio de las medidas alternativas y deberá guardar prisión preventiva por lavado y asociación criminal. Lo resolvió un Tribunal de Sentencia este martes.

Pablino Barreto, Inés Galarza y Juan Dávalos, integran el Tribunal de Sentencia que decretó prisión para el exsenador Erico Galeano, condenado a 13 años de cárcel por lavado de dinero y asociación criminal en relación al narcotráfico.

El exparlamentario deberá ir al Centro Nacional de Prevenidos, ex Tacumbú.

De esta manera, los abogados sufren reveses en todos los frentes, pues, les rechazaron la fianza de 17.000 millones de guaraníes para obtener el arresto domiciliario con el uso de tobilleras electrónica y también la petición de que, en caso de guardar prisón, fuese en la Agrupación Especializada o en Viñas Cue.

El abogado Luis Almada dijo que esta decisión era de esperarse y responde a una excesiva “presión mediática”.

Por su parte, Ricardo Estigarribia, también defensor de Galeano, sostuvo que la necesidad de enviar a la cárcel a su cliente es una forma que tiene el Poder Judicial de “lavarse el rostro”.

Galeano renunció a su banca el 12 de mayo pasado “por la paz de su familia”. Si no lo hacía, ya lo esperaba un libelo acusatorio por el cual lo despojarían de su investidura por uso indebido de influencias.

Según la acusación parlamentaria, el senador recibió importantes sumas de dinero provenientes de actividades ilícitas y las utilizó en beneficio propio y de empresas vinculadas a su persona, entre ellas el Club Deportivo Capiatá.

En el año 2020 vendió una propiedad en Altos por un millón de dólares en efectivo a un intermediario vinculado a Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”.

Prestó una aeronave de su propiedad para facilitar traslados de Sebastián Marset, Miguel Ángel Insfrán y otros miembros de la organización criminal dentro del territorio nacional.

A criterio de los senadores acusadores, estas conductas configuran una participación activa en una estructura criminal transnacional, con utilización de recursos y posición de poder derivados de su investidura parlamentaria.