La denuncia contra Basilio Bachi Núñez cuestiona contrataciones, aumentos salariales y pagos adicionales dentro del Congreso.

El presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, fue denunciado ante el Ministerio Público por supuestos hechos de lesión de confianza, tráfico de influencias y cobro indebido de honorarios. La presentación fue realizada por el abogado y funcionario del Congreso Francisco Rubén Penayo Almada ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

La denuncia sostiene que durante la administración de Bachi Núñez se habrían producido contrataciones y nombramientos masivos dentro del Senado y el Congreso Nacional. Según el escrito, unas 300 personas fueron incorporadas presuntamente por vínculos partidarios y lealtad política, sin priorizar criterios técnicos o procesos transparentes de selección.

Penayo cuestionó además la supuesta falta de idoneidad en varias designaciones y aumentos salariales. El funcionario afirmó que se habrían omitido mecanismos de admisión como concursos públicos de oposición o concursos internos, procedimientos que buscan garantizar igualdad de oportunidades dentro de la función pública.

La denuncia apunta a contrataciones y aumentos

En la presentación fiscal, el denunciante sostiene que las decisiones administrativas dentro del Congreso habrían favorecido a personas vinculadas políticamente. También afirma que se habría priorizado la afinidad partidaria por encima de la capacidad profesional de los funcionarios contratados o promovidos.

Otro de los puntos mencionados en la denuncia corresponde a los pagos adicionales percibidos por Basilio Bachi Núñez. Penayo señaló que el titular del Congreso habría recibido G. 21.100.950 mensuales en concepto de bonificaciones, además de su dieta legislativa.

Cuestionan los montos percibidos en el Congreso

Según el escrito presentado ante la Fiscalía, la suma recibida por el senador superaría incluso la remuneración del presidente de la República. El denunciante sostiene que esto afectaría la jerarquía salarial del Estado y pondría en discusión la razonabilidad del gasto público dentro del Poder Legislativo.

No es la primera vez que Rubén Penayo realiza cuestionamientos públicos contra la administración legislativa. Meses atrás, denunció haber sido degradado de categoría salarial de manera arbitraria y expuso supuestas irregularidades relacionadas con contrataciones de funcionarios sin idoneidad dentro de la institución.