El agente fiscal Diego Zilbervarg, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual, intervino en dos causas donde se incautaron juguetes falsificados cuyo valor ascendería a 300.000 dólares. El Ministerio Público subraya que se procedió a la eliminación de los objetos, porque la Ley no permite la donación en casos de falsificación de productos.

En una de las intervenciones, se incautaron 7.640 unidades de objetos falsificados, y en otra, la cantidad de productos aproximado fue de 17.150 unidades.

En la causa denominada Amada Sirlene Gayos sobre hechos punibles contra la propiedad intelectual, al inspeccionar el contenedor individualizado como INKU 6527879, del Puerto Terport de Villeta, se encontraron e incautaron 102 (ciento dos) bultos o cajas, con mercaderías importadas, en presunta infracción a las leyes marcarías.

Las mercaderías consistían en peluches, juguetes, pantuflas, mochilas de las marcas Dragon Ball Z, Hulk, Minions, PJ mask, Paw Patrol, Doctora juguetes, Avengers, X Men, Star Wars, Capitán América. Posteriormente, se realizó la pericia a cargo del Ing. José Grau, quien concluyó que las mercaderías incautadas no son originales, son similares a los productos genuinos.

Por otra parte, en la siguiente causa, denominada Myrian Elizabeth Rodríguez Alfonso y otros sobre Violación de los Derechos Marcarios, la causa se inició luego de la denuncia formulada por la Coordinadora Operativa de Investigación Aduanera (COIA).

El representante del Ministerio Público se constituyó hasta el depósito Gical a fin de constatar los hechos y luego de revisar el camión en el que venían las mercaderías, se constató la cantidad de 72 cajas, con productos varios como ser juguetes inflables, Minions, Spiderman, Gallinha Pintadinha, Mickey, Peppa Pig, Princesas Disney, Frozen. También había vapeadores y otros varios accesorios.

Cabe destacar que, en ambas causas las mercaderías fueron destruidas por orden judicial emanada del Juzgado Penal de Garantías en Delitos Económicos, Primer Turno, a cargo del juez Humberto Otazú, donde estuvieron presentes también los estudios jurídicos representantes en el país de las firmas internacionales propietarias de los derechos intelectuales de las mismas, así como también los representantes legales de los imputados, según informan desde la Fiscalía.