En un procedimiento abreviado, un juez sentenció a dos años de cárcel, con suspensión a prueba de la pena, a Claudio Ramón Aponte y Eduardo Ariel Barrios, que eran funcionarios de la Universidad Católica de Asunción (UCA) por el escándalo de la compra de notas que salió a luz en 2014.
Los sentenciados fueron procesados por producción de documentos no auténticos y alteración de datos relevantes. En esta causa fueron imputados 42 personas de las cuales 36 ya obtuvieron una salida procesal.
La compra/venta de notas en la UCA tomó estado público en agosto de 2014. La irregularidad se constató mediante un control de rutina de las autoridades de la Universidad.
Según los datos que pudo obtener la Fiscalía, al menos tres funcionarios ofrecían las calificaciones a alumnos pudientes con rendimiento académico bajo. Éstos pagaban desde G. 700 mil hasta los G. 1.600.000 por las buenas calificaciones. De esta manera, ni siquiera se tomaban la molestia de presentarse a los exámenes.
Una vez realizada la «transacción», los funcionarios accedían a las planillas oficiales, en el sistema informático, y ejecutaban los fraudes.
Los condenados tienen la prohibición de salir del país, cambiar de domicilio sin autorización judicial, y deben abonar la suma mensual de G. 200.000 a la Fundación del padre Aldo Trento.

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