Representantes del Poder Ejecutivo denunciaron formalmente la presencia de niños dentro de actividades del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y piden al Ministerio Público una investigación sobre cómo llegaron los menores hasta el grupo criminal.

La denuncia penal del Ejecutivo se da tras la aparición de evidencias que indican que menores de edad son reclutados por grupos armados como el EPP y luego de que dos niñas fallecieran en un controvertido operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta, en Yby Yaú, Concepción.

La ministra de la Niñez, Teresa Martínez; el procurador de la República, Sergio Coscia, y el titular del Instituto Paraguayo del Indígena, Édgar Olmedo, hablaron en conferencia de prensa y brindaron detalles sobre la acción promovida desde el Ejecutivo.

Martínez explicó que existen varios posibles delitos a ser investigados por el Ministerio Público, como el tráfico ilícito de menores, la captación para trabajos forzosos y situación posible de explotación.

También adelantó que se busca que esto sea investigado como un crimen transnacional debido a que existen evidencias del movimiento de personas, de un país a otro, y que están en manos de grupos criminales.

Respecto a la muerte de las dos niñas en el supuesto enfrentamiento contra el EPP, la ministra de la Niñez no quiso calificar el hecho como un homicidio. Alegó que la FTC actuó dentro de sus facultades y es una fuerza pública.

Sobre el mismo punto, el procurador general de la República, Sergio Coscia, aseguró que el Estado cuenta con informaciones de que las niñas fallecidas habrían nacido en el campamento del EPP y fueron llevadas hasta la Argentina y, por manifestaciones de los abogados de las familias, venían a Paraguay junto a sus padres biológicos.

Coscia reiteró que la FTC actuó en defensa propia durante el enfrentamiento e indicó que las labores eran de reconocimiento.

Por su parte, el titular del INDI, Édgar Olmedo, comentó que ante la confirmación de que existen también menores indígenas dentro de las filas del EPP, la institución articulará las acciones para que los líderes de las comunidades de la zona puedan brindar informaciones al Ministerio Público.

La denuncia penal forma parte de las reacciones del Gobierno ante la serie de cuestionamientos nacionales e internacionales tras la muerte de dos niñas de 11 años en un aparente enfrentamiento con el EPP, en Concepción.