El PGN asigna G. 2.500 millones para los gastos reservados del Presidente
La Ley N° 6873 de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022 mantiene los gastos reservados destinados a la Presidencia de la República y a la Vicepresidencia de la República, en el mismo monto de los años anteriores a pesar de las dificultades económicas atravesadas por la pandemia del covid-19.
El PGN en vigencia asigna al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, G. 2.500 millones para sus gastos reservados; en tanto que para el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, se prevé G. 800 millones.
Los montos de referencia fueron establecidos para el Presidente desde 2018 (antes G. 1.250 millones) y para el Vicepresidente desde 2019 (antes G. 200 millones) y se mantuvieron invariables desde entonces, aún con la pandemia por covid-19 cuando el Estado recurrió a un préstamo de emergencia por más de US$ 1.600 millones.
Parte de estos recursos de emergencia, precisamente, fueron a cubrir salarios, jubilaciones y pensiones debido a la fuerte caída de las recaudaciones impositivas como consecuencia de la paralización de las actividades económicas.
El clasificador presupuestario define los gastos reservados como erogaciones asignadas a determinados organismos y entidades del Estado que por razones de seguridad y la índole de sus funciones, sea indispensable mantener en reserva.
El artículo 245 de la ley de presupuesto dispone que los ordenadores de gastos que
disponen de gastos reservados deberán presentar anualmente al Congreso Nacional, el
informe de rendición de cuentas sobre la utilización de los mismos.
Este tipo de gasto también están presupuestados para el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares, Ministerio de Justicia, Ministerio Público, entre otras
instituciones. Decreto reglamentario Aún cuando el presupuesto ya está en vigencia, falta el decreto reglamentario, el plan
financiero y el plan de caja para la ejecución plena de lo establecido en la ley.
Para el transcurso de esta semana se aguarda que esté listo el decreto que reglamentará la ley de presupuesto 2022, que actualmente está en proceso de elaboración en el Ministerio de Hacienda.
La cartera el último viernes emitió un informe en donde destacó que los organismos y entidades del Estado deberán desarrollar e implementar un plan de racionalización del gasto que establezca medidas de austeridad, economicidad y disciplina en el consumo del agua, electricidad, viáticos, suministros y combustibles.
Incluye igualmente la racionalización del uso de la telefonía fija y celular, así como para la adquisición y uso racional de vehículos automotores, medida a ser adoptadas que los
organismos y entidades deberán publicar posteriormente.
El PGN recientemente promulgado por el Ejecutivo asciende a G. 96,7 billones (US$ 13.841 millones), lo que representa un aumento de 4,9% con respecto al proyecto que el Ejecutivo había presentado al Congreso, una variación que obedece principalmente a la ampliación del tope de déficit de 1,5% al 3% del PIB solicitado por el Ministerio de Hacienda para destinar mayores recursos a salud y obras públicas.
El gasto público este año es más rígido porque los legisladores aprobaron beneficios para el personal público y crearon más de 1.000 cargos en diferentes instituciones, en coincidencia con el año electoral y en donde las autoridades ya está en campaña desde el año pasado.
