La Fiscalía presentó su alegato final en el juicio y pidió 40 y 25 años para los acusados por la masacre que ocurrió hace tres años en la cárcel de San Pedro, donde se registraron 10 fallecidos y 12 heridos.

El fiscal Giovanni Grisetti, acompañado de los fiscales Alejandro Cardozo, Alicia Sapriza y la propia fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, presentó este martes su alegato final en el juicio oral y público que se realiza contra los presuntos autores del sangriento motín que se registró en la Penitenciaría Regional de San Pedro, en junio del 2019.

Los representantes del Ministerio Público solicitaron 30 años de cárcel y 10 años de medida de seguridad para un grupo. También solicitaron 20 años de cárcel y 5 años de seguridad para otro de los grupos de acusados.

Entre las evidencias expuestas se encuentran videos inéditos, relacionados con el caso, que expusieron las filmaciones del día del hecho, donde los autores se grabaron mientras quemaban vivos a algunas de las víctimas.

El juicio oral se llevó a cabo en la Agrupación Especializada de Seguridad de la Policía Nacional, bajo medidas de extrema seguridad por la alta peligrosidad, en atención a que los acusados son considerados como miembros de la organización criminal Primer Comando Capital (PCC).

El Tribunal de Sentencia está presidido por el juez Guido César Marecos, mientras que el Ministerio Público está representado por el fiscal Alejandro Cardozo Pereira.

Los procesados son Fredy González Delvalle, Óscar Diosnel Villalba Bobadilla, Vagner Alexandre Knorst, Leonardo Alfonzo López Carballo, Lorenzo Benítez Sosa, Júnior Rolando Báez Garcete, Cristóbal Gamarra Martínez, Eligio García, Odair Mateus Cardoso, Celso Luis Alvarenga y Blas Antonio Villalba Sosa.

También Edilson Silva da Cruz, David Andi Izquierdo Ibacache, Jorge David Centurión, Víctor Manuel Roa, Armando Cáceres Cañete, Ronaldo César Dos Santos, Roger Darío Delgado Molina, Hugo Vera Benítez, Christian Mareco, Andrés Rafael Escurra Mancuello, Hugo Ramón Pizzurno, Nicolás Salvador Muños Ramírez y Arturo Emanuel Ávalos López.

Según los informes de la Fiscalía, en 2019 el sangriento motín se había producido por un enfrentamiento entre grupos del Primer Comando Capital (PCC) y el Clan Rotela.

Los 10 fallecidos en el hecho murieron calcinados, decapitados y a consecuencia de disparos de arma de fuego y heridas con arma blanca.

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