La intervención en la Gobernación del Guairá estaría apunto de culminar y una vez finalizada el Gobernador Juan Carlos Vera Báez deberá volver a ocupar su cargo según la propia ley, así lo explicó su representante legal el Abg. Pedro Rodolfo Mendoza.

La intervención a la gobernación fue realizada en base a la ley 317 que faculta a la cámara de diputados a ordenar la intervención de una gobernación. El poder ejecutivo había nombrado a un interventor para que haga un estudio administrativo contable y que se ocupe de la institución por tres meses. Culminado el periodo de intervención este tiene la obligación de hacer o no un informe en caso de encontrar alguna irregularidad que tendrá que ser remitida nuevamente a la cámara.

El Abg. Pedro Rodolfo Mendoza indicó que el interventor Pablo Vera aparentemente hizo un informe que aun no fue entrado pero que ellos recibieron de forma extraoficial un supuesto informe que no esta firmado que esta basado en los mismos puntos que fueron objetados por el Ministerio de Tributación.  El informe del Interventor es una repetición de esas denuncias y una serie nuevas de conclusiones sin respaldo de auditoria Contable

Explicó que un perito matriculado por el Ministerio de Justicia realizó una pericia contable de todos los puntos que fueron denunciados por el Ministro de Tributación y este determino que no hay daño patrimonial que todos los puntos objetados por el viceministro de tributación fueron solo faltas administrativas y que esto no constituye un delito .

Aparentemente todas las denuncias fueron por cuestiones políticas por cuestiones superiores al destino de la gobernación y de la ciudadanía

La contraloría general de la republica es la única encargada de denunciar ante el Ministerio Publico si existe daño patrimonial contra los bienes del estado  pero la Contraloría ya realizó un informe donde indica que no se observa ningún daño patrimonial.

Lo más grave es que el interventor no dio participación a los representantes del Gobernador para acompañar la intervención, violandose así la ley 317 de intervención y la Constitución. El Gobernador nombró a tres representantes pero estos no fueron aceptados y no se les permitió acompañar la intervención.

Actualmente no existe un informe o denuncia ante el poder ejecutivo ni ante al fiscalía por parte de la Contraloría General de la Republica lo que evidencia que no existe daño patrimonial.

Todas las obras fueron realizadas, no hubo sobrefacturaciones, no existen empresas fantasmas y los recibos son auténticos y los puntos denunciados por el Vice Ministro de Tributación y evidencian faltas administrativas, no daño PATRIMONIAL

«El informe del Interventor es una repetición de esas denuncias y una serie nuevas de conclusiones sin respaldo de auditoria Contable» Explicó el Abogado.

Por lo que una vez terminada la intervención el 24 de setiembre el gobernador deberá volver a ocupar su cargo porque así lo establece la propia ley.

 

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