Hugo Javier va a juicio por presunto desvío de G. 18.300 millones de la Gobernación
El exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre (ANR – cartista) afrontará juicio oral por la presunta tragada de más de G. 18.300 millones de la institución, entre 2019 y 2020. Igualmente, el exdirector de Administración y Finanzas Marcelo Rojas será juzgado por el mismo hecho.
El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia admitió la acusación presentada por el fiscal de Anticorrupción Silvio Corbeta y ratificada por el agente Leonardi Guerrero, al momento de la audiencia preliminar, y elevó a juicio la causa contra el exgobernador de Central Hugo Javier González, por presunta lesión de confianza con el desvío de más de G. 18.300 millones del fondo de la Gobernación.
La decisión también afecta al exdirector de Administración y Finanzas de la institución, Javier Marcelo Rojas Giménez, cuya defensa había planteado los incidentes de nulidad del proceso, nulidad de la acusación por falta de indagatoria y exclusión de pruebas ofrecidas por el Ministerio Público en el marco de la causa.
La acusación fiscal, tanto en contra de Hugo Javier González Alegre como contra Javier Marcelo Rojas Giménez fuer por lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y apropiación. Sin embargo, el juzgado de Garantías elevó la causa solo por tres tipos penales, alegando que no se dan los presupuestos para la asociación criminal, por lo que excluyó dicho hecho punible.
En el caso de ambos acusados, el juzgado de Garantías revocó el arresto domiciliario y ordenó la libertad ambulatoria. Sin embargo, el exgobernardor seguirá cumpliendo dicha medida cautelar, en el marco de la causa conocida como “obras fantasmas”, que actualmente se encuentra en etapa de juicio oral.
Defensa de Hugo Javier anuncia apelación
El Abg. Fausto Portillo adelantó que presentará apelación en contra del rechazo de los incidentes planteados durante la audiencia preliminar y que, incluso, recurrirá ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya que, a su criterio, existen irregularidades muy graves en la tramitación del presente proceso penal.
Específicamente, el letrado se refirió a la decisión del juez de Garantías Rodrigo Estigarribia de rechazar el incidente de nulidad del proceso, argumentando que el Ministerio Público solicitó fuera de plazo la prórroga extraordinaria para finalizar la investigación.
En este punto, el magistrado explicó que la Fiscalía tenía tiempo hasta el 5 de marzo de 2023 para solicitar la prórroga extraordinaria y el pedido fue realizado el 3 de marzo de ese año, es decir, dos días antes del tiempo límite, según lo argumentado por Estigarribia.
Por su parte el Abg. Fernando Rojas, defensor de Javier Marcelo Rojas, también anticipó que planteará apelación contra el rechazo de los incidentes que presentó en la audiencia preliminar.
“Este juicio es un mamarracho, es una vergüenza (…) están usando documentos de contenido falso para darle vida a una causa penal que tuvo que haber muerto el año pasado”, resaltó el letrado, quien afirmó que Rodrigo Estigarribia es juez y parte en este proceso.
Presunto desvío de G. 18.300 millones de la Gobernación
La fiscalía sostiene que los acusados habrían formado parte de un esquema delictivo que se montó para el desvío de fondos de la Gobernación de Central, a través de erogaciones irregulares realizadas mediante 51 resoluciones firmadas por el entonces gobernador Hugo Javier González Alegre.
Las transferencias para la presunta ejecución de los 51 proyectos fueron a favor del Consejo Regional de Salud del departamento Central, el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), la Asociación Plantemos Conciencia, el Centro Nacional de Organizaciones Populares (CENOP) y la Asociación Ecodesarrollo.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, los desembolsos autorizados entre marzo del año 2019 y diciembre de 2020 fueron hechas indebidamente, ya que no se habría cumplido los requisitos establecidos en las normas.
De los G. 24.424.032.733 transferidos, la Fiscalía asegura en la acusación que el daño patrimonial causado a la Gobernación de Central asciende al monto total de G. 18.384.427.005. Es decir, las ONG solo ejecutaron proyectos por poco más de G. 6.000 millones.