Implicados en caso “D9”, imputados
Estas dos personas fueron imputadas por la fiscala Sunilda González de Martínez por el hecho punible de estafa, en principio por la denuncia penal realizada presentada por cuatro personas que presentaron pruebas de haber sido víctimas del engaño de “D9”.
Los denunciantes fueron invitados a participar de “una plataforma multinivel” de inversiones por Álvarez y Fretes Burgos, que era la empresa “D9”, creada por un brasileño. Para al efecto debían entregar una suma de G. 12.105.000 cada uno. El contrato virtual con la empresa era de un año.
La promesa era recibir un pago semanal de 170 dólares -poco más de 900 mil guaraníes- a través de bonos, que según las investigaciones, carecen de fuerza legal cancelatoria en Paraguay y en cualquier parte del mundo. Pero si continuaban captando personas para nutrir la red, se les prometía G. 50 millones al término del año de contrato.
Debido a que la propuesta era tentadora y además los denunciantes conocían a los hoy imputados, accedieron a formar parte del esquema. Entregaron la suma inicial y a cambio se les dio un usuario en la página web de D9, donde se les llegó a realizar hasta dos transferencias de los bonos de 170 dólares.
Cuando los bonos ya no fueron depositados en sus cuentas, los afectados solicitaron la devolución del dinero, pero Álvarez y Fretes Burgos se negaron a hacerlo; tampoco dieron explicación alguna de lo que sucedía, siempre según la denuncia.
El acta de imputación agrega que estas dos personas fueron las únicas beneficiadas en este supuesto esquema de inversiones, ya que solamente ellos cambiaron de forma muy llamativa su nivel de vida.
La fiscala solicita seis meses de tiempo para continuar con las pesquisas y así poder formular acusación contra los imputados, para quienes solicitó medidas alternativas a la prisión, con reglas de conducta como comparecencia mensual ante el juzgado, prohibición de salir del país y otras que el juzgado considere pertinente.
Según estimaciones, en Paraguay habría unos 18.000 seguidores de este polémico esquema de inversiones muy parecido al «sistema Ponzi», que no cuenta con autorización legal para operar en el país.
