El Juzgado finalmente hizo lugar al amparo promovido por un joven para solicitar que el Ministerio de Salud cubra una deuda de más de G. 300 millones en el Sanatorio San Roque tras la internación de su padrastro en terapia intensiva a causa del COVID-19.

El juez Edgar Rivas finalmente decidió dar curso favorable a la acción de amparo promovida por Juan José Benítez en representación de su difunto padrastro Antonio Quintana.

A través de dicha acción judicial, el joven solicitaba que el Ministerio de Salud se encargue de cubrir los gastos que derivaron de la internación de Quintana, quien falleció a causa del COVID-19.

Tras analizar el planteamiento, el magistrado decidió hacer lugar al amparo y con ello disponer que el MSPBS direccione los recursos necesarios al Fondo Nacional de Cobertura de Gastos para saldar la deuda pendiente.

Cabe recordar que la deuda que acumuló el señor Antonio Quintana tras un mes de internación en el Sanatorio San Roque ronda los G. 300 millones, en gran medida resultado de su permanencia en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

En su resolución final, el juez recordó que ante este escenario actual de la pandemia de COVID-19 y la saturación del sistema de salud, el Gobierno promulgó recientemente la Ley N° 6.725 “Que crea un Fondo Nacional para la cobertura de gastos durante la hospitalización en unidades de cuidados intensivos de personas con COVID-19 en los sectores públicos, privados y previsionales”.

Si bien esta ley es posterior a la acción presentada por Benítez, el juzgado consideró que “no se puede desconocer que el reclamo es producto del COVID-19 y enlutó a la familia Quintana como a muchos paraguayos, dejando a sus familiares cercanos, deudas catastróficas, de imposible cumplimiento para su economía”.

En paralelo, el juez también rechazó la otra acción promovida contra el Sanatorio San Roque ya que considera que dicho centro asistencial brindó la atención médica debida al paciente durante todo el tiempo en el que estuvo internado allí y no incurrió en ninguna falta.