La ANDE exoneró a Senadores, diputados, gobernadores y parlasurianos
Mientras los comunes hacen un esfuerzo sobrehumano para pagar sus facturas mes a mes , 32 autoridades entre ellos senadores , diputados , gobernadores , parlasurianos y concejales departamentales fueron exonerados por la ANDE en el 2020 pese a que tienen jugosos sueldos.
Aparecen en la lista de exonerados del mes de abril 2020 aparecen 4 senadores, 5 diputados, 2 gobernadores, 2 senadores del mercosur y 12 concejales departamentales.
La Ley Nº 6524 de Emergencia no hizo distinción de los sectores beneficiados. Se limitaba a establecer la exoneración a todos los usuarios cuyos consumos mensuales hayan sido hasta 500 kWh, lo que representa una facturación de hasta G. 222.101. En tanto que el artículo 26 del Decreto Presidencial N° 3506, que reglamentó la mencionada ley, también especificaba que para poder acceder al subsidio el promedio del último año (marzo 2019-febrero 2020) no debía superar los 500 kWh/mes.
El consumo fue facturado y lo cubrió el Ministerio de Hacienda. Se pagó a través de los préstamos que contrajo el Gobierno, autorizados por el Congreso, para hacer frente a la crisis sanitaria y económica en resumen será pagado con los impuestos de los ciudadanos.
Esta información se puede ver en la página web «control ciudadano» que cuenta con herramientas como un motor de búsqueda y recopila una serie de datos de fuentes públicas de información para promover la transparencia y el control ciudadano.
La lista de senadores que aparecen como titulares de inmuebles con conexión a la ANDE y que fueron beneficiados con la exoneración es encabezada por el expresidente de la República y extitular del Congreso, Fernando Armindo Lugo Méndez (Frente Guasú). Le siguen Juan Darío Monges Espínola (ANR), Juan Bartolomé Ramírez Brizuela (PLRA) y Agustín Amado Florentín Cabral (PLRA). Igualmente aparece como exonerado el exsenador Jorge Antonio Oviedo Matto (Unace) quien espera juicio por supuestos hechos de corrupción.
Aparece también en la lista los diputados Miguel Jorge Cuevas Ruiz Diaz (ANR), imputado por sospechas de corrupción durante su administración como gobernador de Paraguarí (2013-2018), Marcelo Rafael Salinas González (PLRA) de Central, Emilio Pavón Doldán (PLRA) de Concepción, así como los representantes
de Cordillera Carlos María López López (PLRA) y Nazario Tomas Rojas Salvioni (ANR). Rojas Salvioni cuenta con tres inmuebles exonerados, en tanto que Carlos López dispone de dos. De igual forma aparece el diputado suplente por Caaguazú Jorge Benítez Barreto (PLRA) quienes tienen un ingreso de G. 32.774.840 al mes, entre dieta y gastos de representación.
Los parlamentarios del Mercosur también fueron beneficiados ; Edith Graciela Benítez de Dávalos (ANR) y Jorge Ignacio Baruja Fernández (ANR), este último con dos inmuebles exonerados. Al igual que los congresistas nacionales, los parlasurianos tienen un ingreso mensual de G. 32.774.840. Además, el parlasuriano suplente por la ANR, Julio César Egusquiza Irún, también aparece como beneficiario quien es funcionario de Yacyretá.
Gobernadores exonerados; el jefe departamental de Canindeyú, César “El Tigre” Ramírez Caje (ANR), con tres inmuebles exonerados, tienen un sueldo de G. 21.928.390 mensuales también el Gobernador de Alto Paraná, Roberto Luis González Vaesken (ANR) quien percibe G. 35.743.791 al mes.
Por otro lado concejales departamentales quienes tienen un sueldo de entre G. 8.450.000 y G. 9.750.000 y figuran en la lista; Aníbal Antonio Oliver Lombardo (Paraguarí), Braulio Moreno González (Paraguarí), Arístides Javier Saldívar Orrego (Cordillera), Diosnel Colmán Ozuna (Canindeyú), Elvio Rubén Benítez Ayala (Alto Paraná), Gustavo Andrés Duarte González (San Pedro), Milciades Rubén Espínola Romero (Caaguazú), Víctor Aquino Alvarenga (Caaguazú) y Óscar Antonio Jiménez Jara (Caaguazú). También aparecen los ediles Enrique Ojeda Franco (Central), Ligia Noria Duarte (Canindeyú) y Perazú Alfonzo Ávalos (Caaguazú), quienes tienen dos inmuebles cada uno.
El caaguaceño liberal Óscar Jiménez, como también es docente en la Universidad Nacional de Caaguazú (Unca), llega a percibir del sector público G. 10.680.000 mensuales.
Además, hay seis concejales departamentales suplentes que de igual forma accedieron al subsidio de la ANDE. De estos, cuatro son funcionarios públicos activos.
El edil suplente de Misiones, Yamil Juvencio Benítez Maidana, está en el Ministerio de Educación y Culto (MEC) y tiene un ingreso de G. 7.846.000 al mes. Germán Adolfo Feldman Benítez, también de Misiones, es funcionario en el Instituto de Previsión Social (IPS) y docente en el MEC con una remuneración total de G. 6.662.000.
Nicolás López Cristaldo, de Amambay, percibe de los ministerios de Salud y Educación la suma de G. 8.534.000. En tanto que Hugo Javier Ferreira Cano, de Cordillera, es funcionario en la Contraloría General de la República con un salario de G. 5 millones.
Desde la ANDE manifiestan que la Ley 6524 de emergencia sanitaria había establecido la posibilidad de la exoneración a los clientes de ANDE de baja tensión, cuyo consumo no exceda 500 kWh mensual y que no establecía como requisito tener bajos ingresos.Tienen tarifa social de forma irregular
Otro detalle que se desprende de los datos proveídos por la ANDE a través del pedido de acceso a la información es que el diputado liberal suplente de Caaguazú, Jorge Benítez Barreto, al igual que el concejal departamental de Caaguazú por el PLRA, Víctor Aquino, cuentan con la tarifa de consumo social. Pero este beneficio está destinado
exclusivamente a familias en situación de pobreza y pobreza extrema con subsidios que van desde el 75% al 25% por un consumo inferior a 300 kWh/mes, de acuerdo a la Ley Nº 3480/2008. En el caso del edil Víctor Aquino, cuenta con un ingreso mensual de G. 9.721.757, según datos de la SFP.
El resto de las autoridades mencionadas, en su mayoría, cuentan con la tarifa de “consumo residencial o doméstico”, destinado a viviendas. En tanto que hay seis con la tarifa del grupo de “consumo otros”, que corresponde a clientes que utilizan la energía eléctrica para el abastecimiento a las instalaciones de locales que no pertenezcan a los grupos de consumo residencial o doméstico, industrial o gubernamental, de acuerdo al pliego tarifario de la ANDE.
Fuente:Abc
