Manifestantes detenidos se exponen a una pena de más de cinco años de cárcel

La fiscal señaló que son varios los fiscales intervinientes en el caso de los manifestantes y que se están realizando trabajos en conjunto con Derechos Humanos de la Fiscalía y del Ministerio del Interior para realizar una revisión exhaustiva y tener todas las actas y determinar cómo se encuentran físicamente, si están siendo asistidos.

Mencionó que algunos manifestantes tienen heridas que están siendo tratadas y se están proporcionando medicamentos, colchones, asistencia, entre otros. Con respecto al caso de Payo Cubas manifestó que está a cargo de otros fiscales.

Capurro añadió que las revisiones continuarán este martes y de acuerdo a las documentaciones que presenten los abogados defensores se estarán viendo si reúnen los requisitos para que se les otorgue o no una medida alternativa a la prisión.

“Se van a ir presentando documentaciones, ya sea de su arraigo con la certificada de vida y residencia, si los mismos tienen un trabajo fijo, si están estudiando, si va a una caución personal, seguramente sus abogados, son diferentes cuestiones que van a ir cada uno presentando y ahí vamos a ir analizando caso por caso. El juez penal de garantía y también dice si es, o sea, el fiscal puede o no puede estar en dicha audiencia pero es una potestad exclusivamente del juez penal de garantía si le otorga esas medidas sustitutivas”, agregó.

Los 100 detenidos que están dentro de la revisión están a cargo de la Fiscalía de la capital y que en el interior del país habría otros imputados. Los detenidos se encuentran en las ciudades de Caaguazú, Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este y Encarnación.

“Vamos a ir analizando caso por caso. No querría adelantarme ahora, pero mañana, seguramente cuando ya estemos revisando vamos a ir viendo caso por caso y de acuerdo a eso también seguramente se van a ir dando las formas de finalización de la causa”, manifestó.

Los detenidos fueron imputados por perturbación a la paz pública y resistencia y se exponen a una pena privativa de libertar de hasta cinco años por cada uno de los delitos. El destino de los mismos está a cargo del juez penal de garantía, el mismo decidirá cuales obtendrán medidas alternativas de prisión, dependiendo a los documentos presentados por la defensa y la Fiscalía.

“No es algo también muy grave, pero sí atendiendo al momento que estábamos viviendo en el país, a la flagrancia con que ellos fueron aprehendidos en ese momento por la Policía Nacional, el Ministerio Público fundamentando, por supuesto, en derecho, pidió la prisión preventiva de ellos”, señaló.

Debido a los supuestos hechos de fraude electoral, los seguidores del ex candidato a la presidencia de la República Paraguayo Cubas, salieron a las calles a solicitar la anulación de las elecciones del pasado 30 de abril. Dichas movilizaciones derivaron en una serie de incidentes y, a su vez, en una gran cantidad de detenciones e imputaciones de manifestantes. En muchas ocasiones se denunciaron abusos de poder por parte de agentes de la Policía Nacional.