Tras la liberación de una treintena de personas detenidas durante las movilizaciones contra la Superintendencia de Jubilaciones, el fiscal Ángel Ramírez aseguró que la investigación recién empieza y que utilizarán distintos elementos para determinar la participación de los involucrados.

Ramírez expresó que las cámaras de circuito cerrado serán claves en la investigación. Además, señaló que los involucrados se abstuvieron de prestar declaraciones hasta el momento.

Por otra parte, refirió que existen suboficiales heridas “y vamos a corroborar con diagnósticos médicos”. Además, el agente del Ministerio Público sostuvo que ocurrió un hecho punible, por lo que estos manifestantes podrían someterse a un proceso penal por perturbación a la paz pública, cuya pena asciende hasta los 5 años de privación de libertad.