A más de un mes de la cuarentena, muchas familias pobres siguen sin recibir ayuda del Estado. A pesar de que hay 27 instituciones que manejan 96 programas de asistencia, no logran destrabar la burocracia estatal para atender a quienes no pueden salir a buscar el sustento. En 14 días, el programa Ñangareko apenas llegó a un 30% de los inscriptos. La gran agilidad que suelen mostrar las autoridades y los políticos para cazar votos en época electoral no se percibe para nada en la actual emergencia. Hay que ponerse las pilas y acelerar las acciones. Esta situación revela la urgencia de reformar la estructura del Estado, trabajando por las necesidades de los más vulnerables.

El contraste es muy notorio. La gran agilidad que suelen demostrar las autoridades del Estado y los dirigentes políticos para movilizar la maquinaria electoral y tener un mapeo exacto de los votos no la demuestran en momentos en que resulta urgente brindar ayuda a miles de familias pobres afectadas por la cuarentena ante la pandemia del Covid-19.

Tal como lo puso de resalto un informe publicado ayer por este diario, las instituciones del Estado están demostrando mucha ineficiencia para entregar los subsidios ante esta emergencia.

Como se recordará, el Gobierno había decretado el inicio del paro sanitario a partir del 11 de marzo, ante la detección de los primeros casos de personas contagiadas con el coronavirus en territorio paraguayo, medida que se fue endureciendo luego con la cuarentena total, el cierre de fronteras, el cierre de los comercios, la suspensión de todo evento que implique aglomeración humana, afectando a miles de familias, principalmente pobres.

Para contrarrestar el efecto, el Gobierno lanzó primero el programa Ñangareko para realizar transferencia monetaria de 500.000 guaraníes a 350.000 familias en estado de vulnerabilidad, administrado por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). Tras muchos problemas y confusión, la primera transferencia se inició el 31 marzo. A 14 días, la ayuda no llegó siquiera al 30 por ciento de las personas inscriptas. Las familias necesitadas sobreviven, mientras tanto, gracias a la solidaridad de otros menos pobres que ellos.

Sin cerrar la primera asistencia, el Gobierno inició la semana pasada la inscripción al segundo programa de subsidio de emergencia sanitaria denominado Pytyvõ, para cuentapropistas e independientes.

El procedimiento nuevamente tuvo muchos inconvenientes y tuvo que extenderse el plazo de registro. Se espera que empiece el desembolso esta semana.

Lo llamativo es que el Estado no cuente con una base de datos confiable sobre la población para determinar la situación social, pero sí tiene un registro electoral, a pesar de contar con millonarios recursos y con muchas instituciones que vienen trabajando en el área de asistencia desde mucho antes de la pandemia.

Aparte de los USD 1.600 millones obtenidos para esta emergencia, el Gobierno ya venía manejando muchos recursos para programas de asistencia, tal como recordó este diario en su informe. Existen 27 instituciones que manejan 96 programas y USD 4.000 millones del Presupuesto para atender el problema de la pobreza, pero trabajan sin tener una base de datos exacta de la población.

Por ejemplo, en 2018 se lanzó el sistema de protección social Vamos, para ampliar el acceso a sistemas de salud y educación, mejorar el empleo y la productividad. Luego se presentó el Plan Nacional de Reducción de la Pobreza. A principios de este año, la Unión Europea donó USD 53 millones para fortalecer el sistema de protección social, pero todo eso no se refleja en la eficiencia de la ayuda.

Hay que ponerse las pilas y acelerar las acciones. Esta situación revela la urgencia de reformar la estructura del Estado, trabajando por las necesidades de los más vulnerables.

 

 

 

 

 

por:UH

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