La fiscala Vivian Coronel decretó la rebeldía del presunto autor del supuesto abuso que derivó en el embarazo de una adolescente. Además no descarta en procesar a la madre por violación del deber del cuidado, debido a que la menor no fue inscripta en la escuela, conforme a la investigación preliminar.

La víctima se encuentra con ocho meses de gestación, producto de la violación, de acuerdo a lo confirmado por la investigación penal que se inició en el Ministerio Público de Ciudad del Este.

Se trata de un caso de abuso sexual en niños y coacción sexual. El hecho se habría producido desde los 12 años. La afectada tiene 15 años en la actualidad y no está escolarizada, confirmó ayer la agente fiscal.

El ahora imputado comenzó a manosear a su hermana desde hace tres años hasta que el año pasado la violó, conforme a los datos preliminares recabados por el Ministerio Público, a través de exámenes médicos y entrevista sicológica.

Una vecina fue quien se enteró del caso y se animó a realizar la denuncia ante la Fiscalía, lo que derivó en la intervención de los investigadores el 27 de abril pasado.

Coronel señaló que pidió la orden de captura del sospechoso, luego de allanar una vivienda donde presumiblemente residía, sin embargo, no lo encontraron.

Para la investigadora también hubo falta gravísima de la madre, al no haberla enviado a la escuela. También existe la sospecha de que la progenitora también pudo haberse enterado que su hija fue violada por el hijo mayor y no lo denunció. Como medida de urgencia, la víctima fue trasladada a la vivienda de un familiar, donde se encuentra bajo resguardo.

La Fiscalía se encuentra abocada a la realización de un estudio socioambiental de la víctima, para verificar si no hay otras víctimas del violador, teniendo en cuenta que hay otros hermanos menores, conforme con los antecedentes.

Por otro lado, se encuentran gestionando la posibilidad de tener una asistencia médica, debido a que nunca consultó con un médico con relación al embarazo. Otro dato para investigar es si dejó de ir a la escuela por el embarazo, o si la misma nunca fue inscripta en una institución educativa, conforme a la versión de la fiscala.

Los datos de la menor y del supuesto abusador son omitidos en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia que prohíbe la difusión de datos que permitan identificar a menores en situación de vulnerabilidad.