La ex funcionaria de Seprelad cuestiona la imparcialidad del proceso judicial y defiende la legitimidad del trabajo técnico realizado durante el gobierno de Abdo Benítez.

Después de meses de silencio, Carmen Pereira, ex viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), finalmente habló. Y lo que contó pinta un cuadro preocupante sobre cómo funciona la justicia en Paraguay cuando hay intereses políticos de por medio. Pereira, junto con el ex presidente Mario Abdo Benítez y otros funcionarios de su gobierno, está acusada de supuestamente filtrar información confidencial sobre Horacio Cartes, en lo que muchos ven como un simple ajuste de cuentas político.

«Espero que esta injusticia pueda ser subsanada», confesó Pereira en una entrevista con radio Monumental 1080 AM. No es casualidad que haya decidido hablar justo ahora: apenas un día después de que nuevos fiscales —tras una movida para sacar a los fiscales originales del caso— presentaran formalmente la acusación contra ella y todo el equipo de Abdo.

Un ataque sistemático contra funcionarios técnicos

La ex viceministra reveló un detalle que humaniza todo este embrollo judicial: estaba embarazada de 30 semanas cuando le cayó la noticia de la investigación. «Fue muy difícil desde muchas perspectivas desde el 16 de agosto, cuando asumió el nuevo gobierno (de Santiago Peña)», explicó Pereira. No hace falta ser un genio para ver la coincidencia: apenas asumió el gobierno respaldado por Cartes, comenzó la cacería contra quienes trabajaron con Abdo.

Lo que más indigna a Pereira es cómo están criminalizando lo que fue simplemente hacer su trabajo. «Lo primero que me llamó la atención es que se nos acuse de asociación criminal por realizar nuestro trabajo», dijo con visible frustración. Es como si acusaran a un médico de formar una banda criminal por diagnosticar una enfermedad que alguien quería mantener en secreto.

Con voz firme, Pereira desmontó el castillo de naipes de la acusación. Su equipo emitió más de 700 informes de inteligencia basados en análisis técnicos, todos siguiendo las reglas establecidas. «No puedo revelar lo que es un informe de inteligencia a la prensa, hemos visto un montón de información y nunca la utilizamos de manera indebida», aseguró. La ironía salta a la vista: la acusan de filtrar información justamente a ella, que se dedicó a proteger la confidencialidad de datos sensibles.

El costo personal ha sido enorme. «No solamente perdí mi trabajo, perdí el trabajo que yo amaba de verdad y que lo hacía con pasión», confesó con la voz entrecortada. Tras tener a su bebé, decidió renunciar a Seprelad porque, en sus propias palabras, «no podía volver a un lugar donde le hicieron mucho daño». Detrás de los expedientes y las acusaciones hay vidas reales que quedaron trastocadas por lo que parece ser una vendetta política.

La instrumentalización del Ministerio Público como herramienta política

El caso huele mal desde su cocina. La acusación lleva la firma de los fiscales Silvia González Vester y Christian Benítez Cáceres, quienes tuvieron menos de un día para redactar el documento de casi 100 páginas luego de que la defensa recusara a los fiscales originales.

Mirando el trasfondo, todo se vuelve transparente como el agua. Horacio Cartes, expresidente y actual mandamás del Partido Colorado, presentó la denuncia alegando que filtraron información para perjudicarlo cuando buscaba la presidencia del partido. En cristiano: está usando el sistema judicial como garrote contra sus adversarios políticos, una práctica que erosiona los cimientos de cualquier democracia que se precie.

Pereira, con la claridad de quien conoce el terreno que pisa, expuso la contradicción fundamental de esta acusación: “¿De qué sirve tener una unidad de inteligencia que no comparta información con el Estado? ¿De qué sirve tener datos que son potenciales para ayudar a evitar que ocurra el lavado de dinero, si después tenemos que estar esperando que caigan los chats, que caigan causas, que caigan contenedores con estupefacientes para llevar adelante una investigación?”. Es como tener bomberos a los que se les prohíbe apagar incendios hasta que la casa esté completamente en llamas.

La ex viceministra aclaró un punto crucial que derrumba el caso: “Nosotros tampoco realizamos ninguna denuncia, nosotros emitimos un informe de inteligencia”. Esta diferencia no es puro tecnicismo: demuestra que actuaron dentro de la ley, siguiendo protocolos internacionales para unidades de inteligencia financiera, sin salirse del carril institucional.

El trasfondo geopolítico de una acusación politizada

Las palabras más potentes de Pereira quizás sean estas: “Yo siempre sostuve que yo soy una funcionaria de Estado. Yo fui una funcionaria de Estado, mi lealtad es al Estado paraguayo y no a gobierno de turno”. En un país donde muchos funcionarios actúan como sirvientes personales de políticos poderosos, esta declaración es casi revolucionaria.

El contexto político lo explica todo. Los acusados trabajaron con Mario Abdo Benítez, quien representaba una facción del Partido Colorado enfrentada a muerte con el cartismo de Horacio Cartes. Cuando Santiago Peña, el candidato de Cartes, llegó al poder, el escenario estaba servido para la revancha institucional contra los “traidores” del otro bando.

“La historia te va a juzgar por hacer y por no hacer”, advirtió Pereira, en lo que suena como un mensaje no solo para sus acusadores sino para quienes hoy miran para otro lado. Su testimonio sugiere que su verdadero “pecado” no fue filtrar información, sino haber cumplido con su trabajo sin arrodillarse ante intereses particulares ni proteger a figuras intocables.

Las consecuencias de este caso van mucho más allá de los acusados. Envía un mensaje escalofriante a todos los funcionarios técnicos del Estado: “Si investigas a quien no debes, aunque sea siguiendo protocolos, te perseguiremos cuando cambie el viento político”. Con semejante amenaza flotando en el aire, ¿quién se atreverá a cumplir con su deber si eso implica molestar a personas poderosas?

El valiente testimonio de Carmen Pereira desnuda la realidad de un sistema judicial convertido en ring de lucha política. Lo que se presenta como un caso de filtración de información confidencial es, rascando apenas la superficie, un clásico caso de persecución contra funcionarios que cometieron el “error” de hacer su trabajo sin doblar la rodilla ante intereses particulares.

Mientras el proceso judicial avanza, los paraguayos de a pie tienen que preguntarse: ¿queremos un Ministerio Público que persiga delitos sin importar quién los cometa, o preferimos seguir con esta justicia a la carta que solo funciona contra los enemigos del poder de turno? La capacidad del sistema para corregir esta injusticia, como espera Pereira, dirá mucho sobre el futuro de la institucionalidad.

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