Piden juicio político a Sandra Quiñónez por negligente búsqueda de Analía Rodas

El letrado solicitó a la Cámara de Diputados la redacción de un libelo acusatorio para la remoción del cargo de Quiñónez, conforme lo establecido en el artículo 225 de la Constitución Nacional y la remisión de lo establecido de los antecedentes a la Justicia penal.

Ferreiro señaló que Analía Rodas se encontraba desaparecida desde el mes de noviembre de 2020, sus familiares denunciaron el hecho el 7 de diciembre de 2020 y que la unidad ordinaria de la Fiscalía tomó la causa sin llevar adelante actos reales de investigación.

En ese sentido, mencionó que no se solicitó informe a la empresa de telefonía celular que prestaba servicio a la ciudadana desaparecida, con el fin de obtener datos de relevancia como lugar y hora de última conexión. Tampoco se constituyeron en el lugar de residencia de la víctima o, si lo hicieron, no se recabaron elementos que permitieran conocer –lo que luego se supo– que la mujer desaparecida había sido asesinada y enterrada en ese mismo inmueble.

Agregó que recién una vez que la familia contó con los servicios de un abogado y el caso se viralizó tanto en redes sociales como en la prensa, la Fiscalía se tomó la molestia de realizar una inspección real de la casa donde residía la víctima, siendo hallados sus restos enterrados en el lugar. Sostuvo que el hallazgo se habría realizado con gran facilidad y mediante una simple observación.

«No se buscó a la mujer desaparecida, como consecuencia de una decisión orgánica del Ministerio Público, que supera las responsabilidades de la agente fiscal interviniente (sin exonerarla, claro, está), por lo que la responsabilidad de la señora fiscala general del Estado se encuadra en los hechos punibles tipificados en los artículos 292 y 293 del Código Penal Paraguayo, en concordancia con el artículo 16 del mismo cuerpo legal», sostiene el documento.

Sin embargo, para Ferreiro es un hecho que dicho documento será encajonado, ya que la mayoría del cuerpo legislativo «mantiene un pacto de impunidad recíproca con Quiñónez». Aseguró que esto se mantendrá a pesar de que el Ministerio Público no goza de la confianza de nadie, de abogados, empresarios o políticos.

El abogado sostuvo que esta denuncia es para que quede registrado que se pidió la destitución de la fiscala general por su incompetencia y el ente encargado de removerla no hizo nada. «No son causas políticas como la de Efraín Alegre o la de Mario Ferreiro, sino de chicas asesinadas que nadie las busque, mientras que no son hijas de nadie no importa que se mueran», lamentó.

No obstante, pidió que la vida de «inocentes mujeres que desaparecen, sin que nadie las busque, dándose tiempo eliminar evidencias, llame a la reflexión a los miembros de la Cámara Baja, quienes no querrán tener las manos manchadas con sangre».