Un suboficial, que era personal activo del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional, fue condenado a 30 años de cárcel por el feminicidio de su pareja, que ocurrió en diciembre de 2020.

El Ministerio Público informó acerca de la condena a 30 años de cárcel que recibió el agente policial por parte del Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Lorenzo, presidido por la jueza Leticia de Gásperi.

La fiscala Sandra Ledesma investigó el caso de feminicidio en el que estuvo involucrado el suboficial Luis María Rivas Ruiz por la muerte de su pareja de 18 años, Luz Verónica Alderete Morel, que ocurrió el 4 de diciembre de 2020.

La víctima murió de un disparo en el pecho en una vivienda en Luque y fue denunciado por el propio victimario en su momento como un suicidio a través del Sistema 911.

La representante del Ministerio Público demostró en el juicio oral contra el policía, mediante una autopsia, que el disparo que apagó la vida de la joven no fue producido a corta distancia.

Asimismo, tras las pruebas de nitrito practicadas a las manos de la víctima y las del acusado, se constató como resultado negativo el examen realizado a la mujer y positivo al suboficial.

En el marco de la causa también se realizaron innumerables diligencias investigativas, en donde la Fiscalía pudo demostrar la existencia del hecho punible de feminicidio y la autoría del acusado.

El mismo tribunal que condenó al suboficial ordenó, además, la remisión de los antecedentes de los testigos de la defensa al Ministerio Público, con el objetivo de que estos sean investigados por falso testimonio, debido a la incongruencia de sus declaraciones.

Ledesma mencionó a NPY que en la vivienda se encontraban cinco personas el día que ocurrió el hecho, quienes habían afirmado que no escucharon nada. «Me pareció que las personas estaban mintiendo», acotó al respecto.

Resaltó que lo primero que le había llamado la atención de la causa, cuando la Fiscalía por primera vez se constituyó en la escena del crimen, fue que en ese momento ya había agentes del Departamento de Investigación Criminal en el lugar, que por lo habitual llegan tras la intervención fiscal.

La fiscala comentó que una vez que se percató de que el involucrado era personal activo de Criminalística y que sus compañeros estaban levantando evidencia, pidió que se retiraran y los procedimientos, entonces, quedaron a cargo exclusivamente de los forenses del Ministerio Público.