Los senadores rechazaron el proyecto de ley que elevaba las penas contra los manifestantes que cierran rutas durante sus reclamos sociales.

Sin embargo, senadores como Hugo Richer y Desirée Masi solicitaron enviar al archivo, al argumentar que se pretendía retornar a una era stronista con este tipo de planteamientos que atentarían contra la libertad de manifestarse.

Si bien se intentó aplazar el tratamiento de la propuesta, que contaba con el dictamen de rechazo de las comisiones de Legislación y de DD.HH., finalmente fue analizada en la plenaria y luego 26 senadores votaron por el rechazo y 13 por la aprobación del documento.

De esta manera, el proyecto de Ley “Que modifica el artículo 216 de la Ley 1160/1997 Código Penal” fue enviado al archivo.

La idea de presentar esta propuesta surgió durante la Semana Santa, cuando Riera escuchó decir a una fiscal que no tenía elementos para accionar contra un líder camionero que encabezaba un cierre de ruta.

Ante la duda, Riera consultó con penalistas, quienes les confirmaron que si bien hay otras descripciones, el bloqueo de ruta como tal no figura como delito y por ende se requiere que el fiscal se rebusque en conductas descritas dentro del Código, que configuren el cierre.

Su propuesta rezaba de la siguiente manera: El que produjere un obstáculo, cerrare, obstruyere, o demorare de cualquier manera la libre circulación de personas y bienes por las rutas nacionales o internacionales o cualquier otra vía pública de tránsito (calles, callejones o caminos vecinales) dentro del territorio nacional, será castigado con pena privativa de libertad de hasta seis años.

Los camioneros habían mencionado que iban a seguir con su paro hasta que se rechace el proyecto Riera, por lo que festejaron la decisión de los parlamentarios de la Cámara Alta.