Testigos y pruebas hunden a Bogado y la “niñera de oro”
La acusación de la fiscalía por cobro indebido de honorarios y estafa contra el senador Víctor Bogado (ANR, cartista), Gabriela Quintana y Miguel Pérez se va fortaleciendo con la declaración de los testigos y las pruebas agregadas durante el desarrollo del juicio oral y público.
Darío Ríos, funcionario de la Cámara de Diputados y encargado de realizar los pedidos de comisionamientos, fue el primero que confirmó que la orden de pedir a la entidad binacional Itaipú el comisionamiento de la “niñera de oro” Gabriela Quintana a la Cámara de Diputados la dio el entonces presidente de ese cuerpo legislativo Víctor Bogado.
Tras conocerse que Quintana ya era funcionaria de Diputados desde el 2008, igual se pidió su comisionamiento a su lugar de trabajo. Ríos confirmó que nunca se hizo un sumario para saber qué fue lo que ocurrió.
Araceli Duarte, funcionaria de la Secretaría General de la Cámara de Diputados, otra de las testigos, dijo que en su departamento procesan todos los dictámenes y comisionamientos y que hasta la fecha no tienen un manual de procedimientos y que esos pedidos de comisionamientos son ordenados por el presidente de la Cámara de Diputados y en el 2013 cuando ocurrió el caso de la “niñera de oro” era Víctor Bogado (ANR).
Con estas dos declaraciones quedó en claro que fue Víctor Bogado el que pidió a la Itaipú que le comisione a Gabriela Quintana a la Cámara que él presidía en el 2013 y donde la joven ya era funcionaria nombrada desde el año 2010.
“La niñera” mintió
Heriberto Mieres, director de Talento Humano de la binacional, fue el testigo que dejó al descubierto cómo se dio la contratación y desvinculación de Gabriela Quintana.
Mieres dijo que el 4 de marzo de 2013 se firmó el contrato de Itaipú con Quintana. Agregó que la cláusula número siete hablaba de la exclusividad que tenía la contratada con la entidad y que al salir a luz en octubre de 2013 que Gabriela Quintana estaba cobrando dos sueldos, se decidió despedirla.
El testigo dijo que en aquella época no se tenía una base de datos para saber si una persona ya era funcionaria en otra institución y, en consecuencia, en la entrevista antes de ser contratada se le preguntaba ese dato. Gabriela Quintana le mintió a la gente de Recursos Humanos de Itaipú para ser contratada.
La “niñera de oro” nunca fue a trabajar a Itaipú, ya que en ese horario estaba en la Cámara de Diputados, más específicamente en el despacho de Víctor Bogado, donde era asistente, por esa razón es que para evitar ser procesada trató de devolver el dinero que cobró en la binacional, pero no le fue aceptado.
El otro testigo clave de la fiscalía fue Jorge Alderete, exasesor de la superintendencia de Recursos Humanos de Itaipú (hermano de José A. Alderete, actual director general paraguayo de Itaipú), quien confirmó que Gabriela Quintana fue contratada por Itaipú con el cargo de Asistente Administrativa 2, con un sueldo de G. 8.793.300. Pero cuando se supo que la joven estaba cobrando sin asistir a trabajar se la despidió sin causa, para evitar que se le haga un sumario.
La participación del exjefe de gabinete de la Cámara de Diputados Miguel Pérez en este caso fue confirmada por Jorge Recalde, exsecretario privado del entonces director de Itaipú Franklin Boccia (fallecido en el 2015), quien ratificó que Pérez visitó en reiteradas ocasiones a su jefe antes que de se dé el nombramiento de Gabriela Quintana a la Itaipú. Estas visitas quedaron todas registradas en el libro de entrada de la entidad y fueron presentadas como pruebas por la fiscalía en el juicio oral.
Las pruebas documentales que exhibió la fiscalía al tribunal también fueron claves, ya que en su mayoría son notas en las que el senador Víctor Bogado pidió el comisionamiento de su “niñera de oro” a la Cámara de Diputados, de la cual era ya funcionaria, para lograr que tenga dos sueldos.
Para los fiscales la acusación que presentaron por cobro indebido y estafa se está probando en juicio.
Todavía no declararon
El acusado senador Víctor Bogado (ANR, cartista), Gabriela Quintana y el exjefe de gabinete de Diputados, hasta el momento no hicieron uso de su derecho a declarar ante el tribunal de sentencia. Antes de que se inicie la ronda de testificales se les dio ese derecho, pero desistieron del mismo. Sin embargo, pueden declarar antes de que se dicte el fallo.
