Argentina anuncia un nuevo proyecto de ley para legalizar el aborto
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha anunciado que enviará al Congreso un proyecto de ley para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo y otro por el que se creará un programa para fortalecer la atención integral de la salud en la mujer durante el embarazo.
«La criminalización del aborto de nada ha servido, solo ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente en cifras preocupantes», ha expresado el mandatario en un mensaje en video difundido a través de su cuenta oficial de Twitter, en el que lamentó que cada año se hospitalizan alrededor de 38.000 mujeres por abortos mal practicados y 3.000 murieron por esa causa desde 1983.
Actualmente, en Argentina está permitido abortar solo en el caso de que el embarazo sea fruto de una violación o haga peligrar la vida de la madre.
El aborto legal, seguro y gratuito es una reivindicación antigua de los colectivos feministas, que se vio truncada en 2018. Entonces, el proyecto para despenalizarlo logró el visto bueno de la Cámara de Diputados, pero fue rechazada por el Senado. Las protestas y «mareas verdes» reclamando la medida se han escuchado en todo el país.
El Senado de Argentina ha rechazado este jueves la despenalización del aborto hasta la semana 14 de gestación, después de un debate duro que ha durado más de 12 horas y que se ha celebrado en medio de la crispación en la calle entre los partidarios y los detractores de la medida.
Una cuestión de «salud pública»
Fernández ha remarcado que la legalización del aborto salva vidas de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas, muchas veces afectadas por esos abortos inseguros, y ha añadido que «no aumenta la cantidad de abortos ni los promueve», sino que resuelve un problema que afecta a la «salud pública».
«La legalización del aborto permite además, como ocurre en la Ciudad de México y en Uruguay, que disminuyan los abortos y las muertes que ellos causan», ha indicado, convencido de que brindando cobertura en el sistema de salud también se facilita el acceso a métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no intencionales.
Mujeres pobres y vulnerables, las principales víctimas
También ha hecho hincapié en que las mujeres más vulnerables y en situación de pobreza son las mayores víctimas del sistema, al someterse a prácticas inseguras por no poder costear lo que un aborto implica. «Muchas de ellas mueren en el intento o quedan afectadas en su salud por siempre», ha puntualizado.
La legalización no implicaría una carga extra para el sistema de salud, según el presidente, ya que los procedimientos validados internacionalmente son en su mayoría ambulatorios, no quirúrgicos y farmacológicos.
«El debate pues no es decir sí o no al aborto, los abortos ocurren en forma clandestina y ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres que a ellos se someten. Por lo tanto, el dilema que debemos superar es si los abortos se practican en la clandestinidad o en el sistema de salud de Argentina», ha insistido.
Programa de ayuda sanitaria y social a las mujeres embarazadas
El otro proyecto que Fernández enviará el Gobierno prevé la creación del «Programa de los 1.000 días», que busca bajar la mortalidad, la malnutrición y la desnutrición y prevenir la violencia protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico y la salud de manera integral de las personas gestantes y de sus hijos hasta los 3 años.
Entre otros aspectos, la iniciativa establece nuevas ayudas económicas o extiende las ya existentes, se encara un abordaje especial para la detección de riesgos durante el embarazo y se establece un sistema de alerta temprana de nacimiento y certificado de hechos vitales para el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos.
Fernández ha comenzado su mensaje remarcando que cumple su palabra dada durante la campaña electoral de 2019 y tras asumir la Presidencia a finales de ese año. Al concluir, ha pedido un debate respetuoso. «Las diferencias nos hacen una sociedad plural y enriquecen la democracia que tanto esfuerzo nos costó consolidar. Por convicción personal estoy seguro de que estamos dando respuesta a una realidad que afecta a la salud pública y que con ello estamos ampliando derechos en una sociedad que así lo demanda. Que sea ley», ha afirmado.
