Bachilleres con altos salarios en el Congreso Nacional
El Congreso ha contratado a varios jóvenes sin título universitario con salarios elevados, una práctica que genera controversia en el ámbito público.
Recientemente se ha revelado la contratación de varios jóvenes sin título universitario en el Congreso Nacional, quienes percibirán salarios que alcanzan hasta los G. 5 millones. Una de las figuras más comentadas es Octavia Monserrat Ovelar Duarte, de 21 años, contratada como auxiliar administrativa en la Cámara de Senadores, con un salario de G. 5 millones. Su caso no es aislado, ya que varias otras personas han sido contratadas bajo condiciones similares.
Estas contrataciones fueron realizadas por solicitud del presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, en su mayoría para trabajar en oficinas de legisladores vinculados al movimiento Honor Colorado y a sus aliados. Este tipo de contrataciones ha generado críticas debido a la falta de títulos universitarios entre los contratados, quienes ocuparán cargos administrativos con sueldos elevados.
Octavia Ovelar, oriunda de Caaguazú, no es la única en esta situación. Otros nombres como Derlis Maidana, Norma Aquino (alias Yami Nal), y Édgar López también figuran entre los legisladores que han sumado nuevos colaboradores sin formación universitaria. Entre los contratados destaca María Jimena González, quien trabajará en la Dirección General de Administración Financiera con un salario mensual de G. 4 millones.
La polémica también se extiende a la contratación de Paolo Romeo Díaz Fiorotto y Luis Armando León Chávez, ambos como asistentes administrativos con sueldos de G. 4.500.000, así como David Milciades Báez Cabrera, un exfuncionario de la Municipalidad de Asunción que ganará el mismo monto. Ninguno de estos contratados posee formación académica universitaria.
En julio de este año, Basilio Núñez asumió la titularidad del Congreso prometiendo cambios y recortes en cargos de confianza. Sin embargo, estas recientes contrataciones contrastan con sus propias críticas hacia el prebendarismo durante la administración del expresidente Mario Abdo Benítez, donde denunció el ingreso de más de 60.000 funcionarios públicos.
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