Capturan a supuesto proveedor de explosivos del asalto en Naranjal
En un procedimiento realizado este jueves en una cantera de la ciudad de Itá, la Policía Nacional detuvo a Bernardo Sánchez Fretes, señalado como el proveedor de las dinamitas en gel utilizadas en el asalto al banco Bancop de Naranjal, Alto Paraná. El asalto, ocurrido el pasado 20 de noviembre, dejó un botín de G. 2.800 millones en manos de un grupo criminal.
Sánchez Fretes, uno de los propietarios de la cantera, admitió haber adquirido legalmente el lote de explosivos a la Dirección de Materiales Bélicos (Dimabel), pero aseguró que posteriormente los revendió. Las autoridades están investigando los datos proporcionados por el detenido sobre el supuesto comprador, quien tendría vínculos con estructuras criminales organizadas.
El robo al banco Bancop fue ejecutado por una banda de 10 hombres que llegaron en la noche del miércoles 20 de noviembre a las 23:25. Equipados con ropas tácticas y pasamontañas, los asaltantes se movilizaron en dos vehículos. Parte del grupo se posicionó en una estación de servicio cercana, donde amenazaron a empleados y realizaron disparos al aire, mientras otro grupo instalaba explosivos en la bóveda del banco.
La detonación permitió a los delincuentes acceder al interior del banco y sustraer el millonario botín. Tras el asalto, los delincuentes huyeron en los mismos vehículos, que posteriormente fueron encontrados abandonados en las inmediaciones. Cámaras de seguridad del lugar captaron detalles del operativo, lo que facilitó las investigaciones.
Días después del hecho, las autoridades lograron detener a cinco sospechosos, mientras continúan las pesquisas para desarticular completamente la estructura criminal. La captura de Sánchez Fretes representa un avance significativo en la investigación, aunque aún quedan pendientes importantes interrogantes sobre el destino de los explosivos y el alcance de la red delictiva.
Las autoridades recalcaron la importancia de reforzar los controles en la comercialización de explosivos para evitar que materiales legales terminen en manos de grupos criminales.
