El colegio privado de Lambaré, donde un niño de 6 años sufrió un abuso sexual, ahora comunicó a un grupo de padres que protestaron para pedir medidas y explicaciones a la institución, que sus hijos ya no serán admitidos en 2023.

Una de las madres que fue notificada a través de un correo electrónico por el colegio privado de Lambaré confirmó en la mañana de este viernes que las autoridades académicas decidieron no matricular más a su hijo pequeño el próximo año.

«Esa nota está firmada por la nueva directora de la institución, que vino de España. Ese comunicado fue enviado solo a ciertos padres. Solo para aquellos, según ellos, ‘que tuvieron una actitud de agresividad’ manifestando solidaridad a las familias afectadas y pidiendo explicación», dijo a Monumental 1080 AM.

La mujer supuso que las autoridades académicas ya la venían poniendo en la mira como «una de las mamás que hizo escándalo» luego de que tomó estado público el caso de abuso en el colegio a un niño de 6 años, que ocurrió en abril pasado.

Comentó que su hijo era muy amigo de la víctima y que debido al hecho también tuvo que ser asistido sicológicamente.

«Con mi marido decidimos sacarle porque no cumple con los valores para nuestro hijo, porque ellos dicen que nosotros, los padres, no cumplimos con nuestras acciones con los valores de la institución», agregó.

La fiscala Gladys González inició una investigación y logró identificar a cuatro presuntos autores, alumnos del colegio, de entre 12 y 13 años. Debido a que son inimputables se procedió a remitir las identidades al Juzgado de la Niñez y Adolescencia para que se apliquen los mecanismos correspondientes.

La Fiscalía confirmó un segundo caso de abuso sexual durante las pericias, que se registró antes del caso primeramente denunciado, donde la víctima también resultó otro niño de la misma edad y no se descartaba la participación de los mismos alumnos sindicados.

El caso derivó en la detención e imputación de la directora, la coordinadora y una docente por el hecho punible de violación del deber del cuidado, mientras que la directora fue procesada por frustración de la persecución penal y ejecución penal, y la violación de la Ley 6202/2019.

Las tres cumplían prisión preventiva, pero desde el 23 de mayo pasado guardan arresto domiciliario.

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