Tras casi 24 horas de debate parlamentario, la Cámara Baja de Chile ha aprobado la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera para iniciar el juicio político en su contra. La medida, que logró avanzar con los 78 votos necesarios de la oposición, 67 en contra y 3 abstenciones; deberá ahora recibir el visto bueno del Senado para que la acusación constitucional sea formalizada.

La causa contra Piñera fue impulsada por los partidos de la oposición ante las supuestas irregularidades en la venta de un proyecto minero en Islas Vírgenes Británicas, trámite revelado en los Papeles de Pandora, investigación que detalla los negocios de cientos de personalidades de alto perfil en paraísos fiscales.

La acusación queda en manos de la Cámara Alta que deberá evaluar su pertinencia y votar su aprobación final. Se requiere de un quórum mayor, de dos tercios, que no posee la oposición.

Este escenario inédito en el país latinoamericano ocurre a días de la celebración de las elecciones presidenciales del 21 de noviembre. Según la opinión de expertos, dichos comicios serán los más trascendentales e inciertos de la historia reciente de Chile.

Desde el retorno a la democracia en 1990, ningún presidente ha sido destituido del cargo.

MÁS DE 20 HORAS DE DEBATE

Desde este lunes los diputados vivieron una jornada maratoniana -más de 21 horas de debate- y llena de interrogantes por la ausencia de dos parlamentarios que tuvieron que hacer cuarentena por culpa de la covid-19.

Los cálculos de la oposición no eran muy optimistas por la falta del diputado y candidato presidencial Gabriel Boric (que dio positivo en la enfermedad la semana pasada) y la de Giorgio Jackson (aislado por ser “contacto estrecho”).

Según el reglamento legislativo de Chile la votación sólo puede ser presencial, por lo que el diputado opositor, Jaime Naranjo, del Partido Socialista, realizó una intervención de más de 14 horas con el objetivo de dar tiempo a la incorporación de Jackson a la votación (cuyo aislamiento terminaba la noche del lunes). Su intervención duró 15 horas.

“Tengo un discurso de 1.300 hojas. Hablaré todo el tiempo que sea necesario hasta que Jackson esté en la sala”, había anunciado Naranjo previamente .

LOS NEGOCIOS DEL PRESIDENTE EN LA MIRA

El origen de la acusación se sitúa en la polémica venta de la Minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera en Islas Vírgenes Británicas, apenas nueve meses después de que asumiera el cargo para su primer mandato (2010-2014).

Según reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el proyecto se vendió al empresario y amigo de la familia Carlos Alberto Délano por 152 millones de dólares, 138 de los cuales se concretaron en el paraíso fiscal.

El mandatario, que presentó su defensa por escrito hace diez días, ha sostenido en sendas comparecencias públicas haberse desvinculado de sus negocios a través de fideicomisos ciegos en 2009 y que lo revelado en los papeles de Pandora ya fue investigado y sobreseído en 2017.

Durante la jornada, el abogado del presidente decidió no invocar la cuestión previa, una objeción formal que podría haber alargado todavía más la sesión.

“Hemos decidido que no la vamos a deducir para efectos de pasar al fondo, porque nos interesa de sobremanera poner de manifiesto que (…) la acusación constitucional carece de méritos”, afirmó el letrado, Jorge Gálvez.

El juicio político transcurre durante los últimos meses de mandato de Piñera, un multimillonario que goza de muy baja aprobación según los sondeos y que dejará en marzo el cargo.

Se trata del segundo intento de destituirle, tras la tentativa de noviembre de 2019 por presuntas violaciones a los derechos humanos en medio de las masivas protestas contra la desigualdad, las más graves desde el fin de la dictadura.